Continuamos la conversación iniciada con ex abogadas del Ministerio de la Mujer, quienes dedicaron décadas de sus vidas a combatir la violencia contra la mujer. En este artículo nos enfocamos en las políticas públicas de protección a la mujer.

¿Qué opinión les merece el actual marco legal con el que cuentan las mujeres en la República Dominicana? “Se ha avanzado mucho en relación a las últimas décadas. Pero hay puntos que se pueden fortalecer, por ejemplo, el Código Penal, que actualmente está parado por el tema del aborto,” comenta una de las abogadas. “En el proyecto que se ha presentado, ese Código Penal definiría el feminicidio, se aumentaría la pena a varios delitos, e incluiría sanciones para crímenes, que el actual código penal no toma en cuenta”.

Otra abogada sustenta: “En la constitución del 2010 hubo un avance en materia de derechos de la mujer, y esperemos que pronto se apruebe el Código Penal, porque éste la fortalecería. La modificación al Código Civil también está detenida, en ese caso por el tema del matrimonio infantil. Es como que, en las cuestiones esenciales, nos da brega avanzar como país. Aparte de todos los líos que se han armado con el Proyecto de Violencia contra la Mujer…”

Todas las semanas vemos en las noticias casos de feminicidios, sin embargo, el Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Erradicación de la Violencia contra la Mujer ha quedado estancado. ¿A qué se debe eso?

“Hay varios encontronazos respecto a ese Proyecto de Ley. Uno de ellos fue el conflicto entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer, respecto a quien tendría control de los casos de violencia contra la mujer, porque hasta la fecha, ambas instituciones llevan casos en esa materia, además de eso de querer meter lo de la identidad de género, que son definiciones fundamentales. Cuando hablamos sobre quién tiene el control de los casos de violencia, estamos hablando de cuál entidad recibe la asignación de esos recursos del Estado”.

¿Es falta de voluntad política?, pregunto. “En parte, sí, porque esos avances legislativos, muchas veces son analizados desde la perspectiva de intereses particulares (sectores religiosos, organizaciones internacionales, etc), no desde el punto de vista de resolver problemas estructurales para ayudar a la mujer que está siendo violentada,” explica la misma abogada.

Parecería que, dentro de algunas instituciones del Estado, existen compromisos para promover discursos que no se corresponden con los intereses de las usuarias y de las mujeres. ¿Cuál ha sido la interacción entre el Ministerio de la Mujer y los organismos internacionales?

Reflexionan un rato, lo analizan bien, y luego una de ellas responde: “Bueno, últimamente vimos un marcado interés en promover agendas LGBT, pero particularmente, hay cierto énfasis en priorizar los temas transgéneros dentro de las políticas de la mujer. Estamos hablando de varios Proyectos de Ley, porque existe como un afán particular con ese tema.”

Otra de las abogadas comenta: “Yo recuerdo mesas de trabajo en donde nos hablaron sobre todos los “tipos de mujeres” que existen, como parte del contenido de talleres para educarnos a nosotras. La idea era que existían la mujer biológica, y otros tipos de mujeres… ¿Cuáles son los tipos de mujeres? ¿Cuántos tipos de mujeres existen? Ve pregúntale a la gente que lee el periódico, a ver que te responde”. La abogada anterior enfatiza el punto: “Exacto, esos son los discursos que promovían los organismos internacionales, como si ese fuera el pan nuestro del trabajo que nosotras realizábamos. Esos organismos muchas veces como que les gusta vernos la cara de estúpidas, y lo peor es que a veces las mismas instituciones lo incentivan,” enfatiza.

¿Y es común que organismos internacionales vayan a las instituciones del Estado planteando intereses particulares tales como “nosotros queremos impulsar tal Proyecto de Ley”?

Una de las abogadas despedidas responde: “No sé qué tan común es, pero puedo mencionar varios que llegaron al Ministerio de la Mujer desde sectores externos. Y eso es ilógico, porque se supone que las expertas de los problemas que achacan a las mujeres dominicanas éramos nosotras, que llevábamos sus casos todos los días. Esos proyectos de ley externos siempre se manejan en un hermetismo que llama la atención,” reflexiona.

¿Y qué opinión les merecen esas dinámicas?, cuestiono: “Bueno, la aspiración debe ser que la ley sea de manejo público, porque existen para gobernarnos a todos,” expresa la abogada. “Pero con los proyectos de ley importados, esos que aterrizan en las instituciones públicas como por paracaídas, es todo lo contrario.
Es como que, para esos organismos internacionales, mientras menos gente dominicana los vea mejor. Es todo lo contrario a proyectos de ley locales, que se socializan, se debaten, todo es más abierto y se tomaba en cuenta la opinión de nosotras. Eso llama a cuestionar el mismo funcionamiento del sistema democrático”.

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