En la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, promulgada en 2012 se establecieron una serie de pilares y metas a conseguir, que diez años después no se han logrado.
Una de esos espacios que no se ha completado es la firma de un pacto fiscal, que forma parte de un conglomerado de tres, más uno de tipo municipal, que contempla la normativa.
Sobre el tema hay opiniones diversas, algunas de las cuales las emite Guarocuya Félix, exdirector general de Impuestos Internos, y Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
El exfuncionario de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sostiene que la END se aprobó como una ley, y es una ley de referencia. Por tanto, a diferencia de las leyes de obligatorio cumplimiento, la 1-12 (de Estrategia Nacional de Desarrollo) es una ley referencial, en la que se establecen metas potenciales posibles, a futuro.
Collado Di Franco sostiene que en general a la ley orgánica le faltaron elementos como ver el nivel de endeudamiento, y de metas del balance fiscal (el déficit). Sostuvo que “el enfoque es en la parte estrictamente fiscal, y cuando se piensa en esto es la presión tributaria que obviamente no se ha logrado”, expuso.
Y agregó: “Ha sido fallido o fue fallido el último intento de modificación del Código Tributario con ese objetivo, ya que fue enfocado en la dirección errónea. Por eso no logró elevar la presión tributaria”.
Dijo que hay otras medidas que inciden en la parte fiscal, que están relacionadas, por ejemplo, con el tema eléctrico y cuando se ven los niveles de cobranzas del sector eléctrico, queda claro que están por debajo del noventa por ciento.
“Lo que se ha dejado de cobrar es más de un once por ciento. Es decir, que están en ochenta y ocho u ochenta y nueve, cuando se debió estar en noventa y seis (…) expuso.
“Y se habla de que las pérdidas del sector eléctrico son del nueve ciento, cuando sabemos que son muy superiores… alrededor del veintiocho”, apuntó.
Sostuvo que con un comportamiento así, obviamente no se va a tener un subsidio como el que se había planteado ahí, sino de 70 millones dólares para el año 2020, y en los dos últimos años ha sido superior a los mil millones. “Este año uno entiende que andaría por esa cifra”, calculó Collado Di Franco.
Un trabajo previo
La Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo es un instrumento legal resultante de varios años de trabajo y, sobre todo, de un intenso proceso de consulta y concertación. En la elaboración de la propuesta se contó con el concurso de múltiples organismos y expertos nacionales e internacionales, y en el proceso de consulta participaron los más diversos sectores y grupos de la vida nacional.
La END marca dos hitos en el devenir de la nación. En primer lugar está, por lo menos teóricamente, que mediante las amplias consultas, se logró definir qué país desean tener los dominicanos y dominicanas para el año 2030, y cuáles son las mejores vías para lograrlo.
“Sin embargo, el acuerdo debe concitar la unión de voluntades para asegurar el impuso de las políticas enunciadas en la Estrategia para lograr las reformas”, dicen conocedores de la normativa. El otro hito es que la END significa un cambio en la forma de conducción del Estado. El hecho de haber acordado objetivos, políticas y metas debe conducir a una continuidad del accionar estatal en pos del logro del país que los dominicanos dijeron que desean.
Una improvisación que se procuró ir erradicando
Cuando se insistió en contar con una ley del tipo en cuestión se planteó la importancia de dejar la improvisación y la falta de coordinación en el accionar. Y se dio por sentado que con la promulgación de la ley 1-12 se iniciaba el viaje de transformación hacia un país mejor.
Guarocuya Félix explicó que algunos países no establecen los planes de desarrollo por ley, sino mediante una resolución del Congreso.
Sostuvo que al ser la END una ley de referencia, muchos de los objetivos, especialmente en el aspecto fiscal, estaban supeditados al desempeño de la economía en su contexto global, y por el otro, muchas de las metas están supeditadas al pacto fiscal.
La estrategia estableció tres grandes pactos: El educativo, el eléctrico y el fiscal y un cuarto pacto con los municipios. Guarocuya opina que primero debió iniciarse por el fiscal, para mejorar tanto la parte de la industria eléctrica, como del sector educación.
Pero ese pacto no fue firmado –según Guarocuya- porque en ese momento no fueron convocados los actores económicos y sociales para votar el pacto fiscal, porque se había trabajado primero en un pacto educativo y posteriormente en el eléctrico.
