DR-Cafta: el largo camino de la apertura comercial

El cierre de la desgravación culminó una etapa para productos agrícolas sensibles en la República Dominicana y cambió el comercio con los EE.UU.

El arroz ha vuelto a colocarse en el centro del debate y la agenda comercial entre República Dominicana y Estados Unidos.

El tema lleva varias semanas activo, pero durante las dos décadas del DR-Cafta se ha hablado de él, a veces más y a veces menos. Esta vez tiene como ingrediente adicional el pedido de las autoridades estadounidenses de que se derogue el Decreto 693-24, que establece las condiciones arancelarias para las importaciones del cereal.

Ese debate es apenas un porción de una historia mucho más amplia. Cuando República Dominicana se incorporó en 2003 al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta), no se estaba negociando únicamente el acceso del arroz al mercado local, sino pactando un calendario de apertura que abarcaba miles de líneas arancelarias y que, en el caso de varios productos agrícolas sensibles, se extendía durante 20 años. Como todo llega a su fin, ese calendario terminó.

Por años se ha criticado que el país no preparara muy bien en el camino a la negociación.

El año 2025, que por mucho tiempo fue señalado como la fecha en que el arroz llegaría a cero arancel dentro del acuerdo, y del que mucho se advirtió y se “sazonó”, ya pasó. Con él terminó el período de desgravación más largo establecido para los productos negociados por República Dominicana en el DR-Cafta.

La discusión actual sobre el arroz tiene un antecedente que se remonta a mucho antes de la emisión del decreto 693-24 y que no comenzó con la llegada de 2025.

República Dominicana se adhirió en 2003 al proceso de negociación del tratado y suscribió el acuerdo el 5 de agosto de 2004. Para el país, el DR-Cafta entró en vigencia el primero de marzo de 2007. La incorporación dominicana se produjo después de que las negociaciones con los países centroamericanos ya estaban en marcha, algo así como que “llegamos tarde”.

Según una investigación del Centro de Estudios Económicos y Sociales P. José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la entrada dominicana se produjo mediante una adhesión, con negociaciones concentradas en las listas de acceso a mercados y los tiempos de desgravación.

La misma investigación ha señalado que los tiempos de desgravación se negociaron en un período de aproximadamente tres meses y que la República Dominicana no obtuvo un trato especial y diferenciado basado en sus niveles de desarrollo.

En marzo de 2007, cuando comenzó la aplicación del acuerdo para el país, ya se había producido una desgravación inmediata de una parte considerable del comercio. El 80 % del volumen comercial quedó desgravado desde el inicio, equivalente entonces al 77 % de las líneas arancelarias a ocho dígitos, de un universo de 6,831 subpartidas del Sistema Armonizado, respecto de las importaciones originarias de Estados Unidos. Lo que quedó para después no era un simple remanente, sino que allí estaban algunos de los productos agrícolas que durante décadas habían tenido una protección especial en el mercado dominicano.

Por letras, así funciona

Un aspecto clave para entender el DR-Cafta está en las llamadas canastas. Las negociaciones clasificaron los productos en diferentes categorías identificadas con letras. Cada una establecía un período determinado para la eliminación de los aranceles o una modalidad particular de acceso al mercado. Por ejemplo, las categorías D y O comprendían aproximadamente 140 líneas arancelarias. Allí estaban productos como cebolla, ajo, maíz, embutidos, carne y guarnición de res, cortes de cerdo, yuca, batata, bananos, habichuelas y harina de trigo. Para esos productos, el libre comercio se alcanzó en 2020.

Eso significa que la apertura que ahora se asocia principalmente con el arroz comenzó mucho antes. Algunos de los productos que formaban parte de aquella negociación ya llevaban varios años entrando a suelo dominicano sin pagar arancel, cuando el cereal todavía mantenía una protección elevada.

Las habichuelas fueron negociadas con una tasa de 89%, hasta llegar cero en 2020.

Leguminosas, la cebolla

Las habichuelas, fueron negociadas con una tasa de 89%; el arancel fue descendiendo durante los años de aplicación del tratado hasta llegar a cero en 2020. El último año en que pagaron arancel fue 2019, cuando la tasa era de 5.93%.

La cebolla siguió una trayectoria parecida, tomando en cuenta que fue negociada con una tasa de 97%. Llegó a su último año con arancel en 2019, cuando pagaba 6.47%, y desde 2020 quedó libre de ese pago para las importaciones procedentes de los países miembros del DR-Cafta. El ajo fue negociado con una tasa de 99%. En el primer año del acuerdo tenía un arancel de 92.40%, que fue disminuyendo progresivamente hasta 6.60% en 2019. Desde 2020 quedó en cero.

El azúcar, negociado con una tasa de 85%, también completó su desgravación en 2020; su último arancel fue de 5.67%.
Esos productos dejaron de pagar arancel varios años antes de que llegara el momento más esperado del calendario; el de aquellos bienes cuya protección se extendió hasta 2025, que es el caso del arroz.

Productos de Rectificación Técnica

Un punto sensible en el abordaje del tema siempre fue el de los ocho productos que habían estado vinculados a la llamada Rectificación Técnica obtenida por República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Allí estaban la carne de pollo, la leche líquida, la leche en polvo, la cebolla, el ajo, las habichuelas, el arroz y el azúcar.

La Rectificación Técnica había permitido al país recuperar protección arancelaria para esos productos después de las reducciones realizadas en la oferta de bienes presentada durante la Ronda Uruguay. Según el material recogido por elCaribe durante años en torno al tema, las tarifas agrícolas habían sido reducidas del 100% al 40%, y posteriormente, en 1999, República Dominicana logró la rectificación que permitió elevar nuevamente la protección para esos ocho rubros. Ese logro, sin embargo, terminó formando parte de la negociación del DR-Cafta.

El compromiso asumido fue desmontar esa protección en un período de 20 años frente a los países del acuerdo.
Ahí está una de las claves históricas del debate actual; el problema del arroz no surgió cuando el calendario llegó a cero. El arroz fue colocado dentro de un calendario que comenzó a correr desde que el país asumió los compromisos del tratado.

La mirada del exvicegobernador

El economista y ex vicegobernador del Banco Central Luis Manuel Piantini ha cuestionado precisamente esa decisión, cuando ha analizado ese tema, a pedido de este periódico. Su planteamiento ha sido que República Dominicana cedió en el DR-Cafta una protección que había logrado previamente en la OMC y que la negociación debió manejarse con mayor anticipación.

Piantini también ha señalado que Costa Rica dedicó un año a renegociar puntos del acuerdo, mientras que la participación dominicana avanzó con mayor rapidez, algo parecido a decir “a la carrera”. La crítica, en ese sentido, no se refiere únicamente al arroz; se refiere a la decisión de colocar dentro del calendario de desgravación un conjunto de productos que habían sido considerados suficientemente sensibles como para justificar una protección especial en la OMC.

De todos esos productos, el arroz quedó entre los que tuvieron el período más prolongado de protección.

Fue negociado con una tasa de 99% y comenzó a reducir su arancel a partir del undécimo año de aplicación del acuerdo. El calendario comprendió el arroz en cáscara o paddy, el descascarillado, el semiblanqueado o blanqueado y el arroz partido. En 2016 el arancel era de 91.08%. En 2017 bajó a 83.16% y en 2018 a 75.24%. En 2019 se situó en 67.32%, en 2020 en 59.40%, en 2021 en 47.52%, en 2022 en 36.64% y en 2023 en 23.76%.

Para 2024 quedaba un último escalón de 11.88%. En 2025 el calendario llegó a cero. Y es ahí donde “se apretó la tuerca”, que derivó en la discusión que se tiene.

Aquello que durante años fue una fecha lejana dejó de ser una previsión. El plazo se cumplió y el país llegó al final del período de desgravación que había pactado. La leche en polvo siguió también uno de los calendarios más largos.

Perteneciente a la canasta F, mantuvo durante los primeros diez años un arancel de 56%. Después comenzó a reducirse gradualmente a un ritmo de 50.40%, de 44.80%, de 39.20%, de 33.60%, de 28%, luego 22.40%, siguió con 16.80% y 11.20%. En 2024 la tasa prevista era de 5.60% y en 2025 llegó a cero.

La leche líquida, en cambio, completó su proceso mucho antes. Pertenecía a la canasta C y pasó de un arancel inicial de 18% a reducciones sucesivas hasta llegar a cero en 2015.

El pollo también tuvo calendarios distintos según su presentación. El pollo sin trocear y congelado, perteneciente a la canasta Y, llegó a cero en 2015. Otras partes, como los muslos, mantuvieron protección durante más tiempo y completaron su proceso en 2025.

De ahí que hablar del DR-Cafta como si todo hubiera ocurrido en una misma fecha lleve a una confusión. La apertura fue escalonada. Unos productos llegaron a cero en 2015, otros en 2020 y los de mayor plazo lo hicieron en 2025.

Y el decreto que llegó faltando apenas días

En el caso del arroz, los 20 años fueron el tiempo otorgado para que la apertura se produjera gradualmente y no de golpe. El tiempo se dejó pasar sin hacer nada o haciendo muy poco para contrarrestar el impacto que se tendría.

La llegada del año 2025 no significó que desapareciera la discusión, sino que por el contrario, abrió otra etapa. El 18 de diciembre de 2024, pocos días antes de que terminara el calendario, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, emitió el Decreto 693-24. La disposición estableció para los productos de arroz contemplados en las partidas correspondientes un arancel de 20% dentro del contingente y de 99% fuera de este. También fijó una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con arancel cero para el arroz originario de Estados Unidos. Fuera de esa cuota se estableció un arancel de 99%. El decreto incluyó además un tratamiento arancelario de 99 % para el arroz originario de Nicaragua.

La medida fue sustentada por el Gobierno dominicano en la necesidad de preservar la capacidad productiva interna y asegurar el abastecimiento de alimentos. También tomó en consideración una resolución del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que recomendaba medidas especiales para el arroz como producto sensible.

Pero vino la reacción; en septiembre de 2026, Estados Unidos pidió la derogación del Decreto 693-24 y vinculó su solicitud con las obligaciones de acceso al mercado asumidas por República Dominicana dentro del tratado. El asunto ha pasado nuevamente al terreno bilateral. Hace varios días República Dominicana anunció el inicio de conversaciones con EE.UU sobre la agenda arancelaria bilateral.

Las conversaciones fueron encabezadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor –Ito- Bisonó, y el representante comercial adjunto de EE.UU, Jeffrey Goettman. La embajadora Julie Callahan figura como jefa negociadora agrícola de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader confirmó posteriormente que las conversaciones continúan y que la referencia para el diálogo son las condiciones establecidas en el tratado. Su posición expresada públicamente ha sido que debe cumplirse lo acordado en el DR-Cafta y que el acuerdo contempla el intercambio comercial bajo un esquema de cero aranceles.

Parte de esta historia está fuera del campo

El DR-Cafta expandió para los productos dominicanos el mercado estadounidense, principal socio comercial del país, y en sus primeros años se produjo un aumento de las exportaciones hacia EE.UU. Un trabajo publicado con datos del Banco Central señalaba que en los primeros cinco años después de la implementación las exportaciones dominicanas hacia ese mercado aumentaron 76%. También se produjo una mayor presencia de inversión extranjera en textiles y manufactura. Pero los resultados del acuerdo no fueron iguales en todos los frentes.

La evaluación hecha por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (que más recientemente se fusinó con Hacienda) sobre los primeros 10 años del DR-Cafta encontró que las exportaciones dominicanas a EE.UU se diversificaron, con dinamismo en sectores y productos agrícolas e industriales específicos, pero en términos agregados no crecieron durante ese período. Mientras, las importaciones crecieron a un ritmo mayor, y eso deterioro la balanza comercial. El estudio puso sobre la mesa otro elemento, en el que se explicaba que el acuerdo tuvo efectos positivos en el ambiente de negocios, mediante reformas, cambios estructurales y mejoras en la facilitación del comercio, además de contribuir a atraer inversiones. Pero esa evaluación no encontró que eso significara una mejora importante de los niveles de competitividad relativa del país.

Diversificación, pero también hubo déficit

En diversificación, República Dominicana aparecía, según un estudio del Ministerio de Economía de los primeros diez años del tratado, como el país más diversificado en sus exportaciones hacia EE.UU frente a los países centroamericanos analizados. Hubo sectores que aprovecharon el acceso al mercado estadounidense, hubo inversión y diversificación de las exportaciones, pero también se mantuvo una diferencia importante entre lo que el país compraba y lo que vendía.

Datos a junio de 2021 mostraban un déficit de US$41,619 millones en el comercio de bienes entre República Dominicana y EE.UU desde la entrada en vigencia del DR-Cafta. Las importaciones habían alcanzado US$106,482 millones, frente a exportaciones dominicanas por US$64,863 millones. El estudio de la PUCMM sobre los primeros años del tratado planteó precisamente que República Dominicana no se había preparado suficientemente para el artículo 3.3, que establece el calendario de desgravación mediante las distintas canastas. Ese artículo del DR-Cafta fue determinante para llegar al escenario que existe actualmente

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