El Gobierno prevé dejar que pase un año más sin ajuste por inflación para los ingresos y busca efectuar mejoras para aumentar las recaudaciones
El proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, el último de la actual gestión de Gobierno, halla a las autoridades involucradas en un escenario de “laissez faire” fiscal, causado por la necesidad de aumentar sus recaudaciones pero compelidas a dejar que pase otro período más sin aplicar impuestos aprobados hace una década.
El año 2024 presenta un panorama presupuestario similar al de la última década, cuando el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso Nacional permisos o dispensas para mantener suspendidas figuras como el impuesto a la placa calculado en el 1 % del valor del vehículo y la aplicación de un monotributo de RD$12,000 al año al comercio minorista.
También, en los últimos seis años el Poder Ejecutivo ha comunicado al Congreso Nacional la decisión de no indexar o aplicar el ajuste por inflación al monto de ingreso no gravable para las personas físicas, además de plantear la imposibilidad de reducir la tasa general del ITBIS de un 18% a 16%, como se prevé en la Ley 253-12.
Todas esas solicitudes de dispensas son ya literatura común en los diferentes proyectos de presupuesto que se han presentado a partir del 2014, y para el 2024 se mantienen.
Estatus actual de las finanzas RD
En el informe explicativo del PGE 2024 el Poder Ejecutivo, vía el Ministerio de Hacienda y su Dirección Gene3ral de Presupuesto (Digepres), explica la situación que envuelve a las finanzas públicas.
“En el corto y mediano plazo, es imperativo incrementar los niveles de recaudación con el propósito de cumplir con los compromisos de inversión en áreas cruciales como infraestructura, seguridad alimentaria, servicios sanitarios, educativos, seguridad social, medio ambiente, inclusión, protección social y otros servicios esenciales que la sociedad requiere”, dice el documento en su análisis macroeconómico.
Pero hasta el momento solo tiene como mecanismo identificado aplicar algunas medidas, en su mayoría de carácter administrativo para mejorar la eficiencia recaudatoria. Y esas medidas serán responsabilidad fundamental de las dos grandes oficinas recaudadoras del Estado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
El informe precisa que por parte de la DGA, las medidas a ser aplicadas estarán centradas en “la continuación de la implementación de la Ley núm. 168-21 sobre Administración de Aduanas, y su Reglamento, el cual tiene por objeto complementar la Ley de Aduanas en lo referente a eliminar la dispersión normativa que existía con anterioridad a la promulgación de la Ley, para dotar de mayor previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior de mercancías.
En cuanto a la DGII, la responsabilidad descansará en la implementación de la Ley núm. 32-23 de Facturación electrónica en la República Dominicana, extiendo el uso de la factura electrónica.
Además, continuar con las políticas de formalización de contribuyentes que realizan operaciones sin encontrarse debidamente registrados ante la Administración Tributaria, mediante la creación de una mesa de trabajo interinstitucional.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo informa al Congreso en el PGE 2024 la decisión de las autoridades fiscales de “la permanencia de la tasa del ITBIS en 18% y de la tasa del impuesto sobre activos en 1%, debido a que no se ha alcanzado la meta de 16% de presión tributaria establecida en la Ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, de acuerdo con lo establecido en la Ley núm. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre del 2012”. (En el mismo proyecto se pronostica una presión fiscal para el 2024 de un 15.2 % del PIB).
También comunica la decisión de “la no aplicación del impuesto de RD$12,000.0 anual por concepto de operación cobrado a los establecimientos de venta al por menor establecido en el artículo 47 de la Ley 253-12; así como tampoco del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV) de 1% contenido en el artículo 15 de la Ley.
Asimismo, la no indexación del ISC específico sobre hidrocarburos de acuerdo con lo indicado en la Ley 112-00 y sus modificaciones, para compensar el rezago del Índice del Precio al Consumidor (IPC) reflejado en el impuesto.
Da cuenta también que se mantendrá la captación de pagos por dividendos del Banco de Reservas, los aportes del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y las transferencias de capital a recibir de las Empresas Públicas No Financieras (EDES).
Tendencia a seguir
El proyecto de PGE 2024 destaca de igual modo, que las previsiones sobre los ingresos fiscales durante el período 2024-2027, seguirán en línea con la eficiencia demostrada en las recaudaciones por parte de la Administración Tributaria, manteniendo estable la presión fiscal en alrededor de 15.4% del PIB esperado.
En los argumentos del panorama macroeconómico se citan estudios y estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) basados en comparaciones de la OCDE acerca de la presión tributario promedio de sus países miembros.
Refiere que América Latina presentaron una presión tributaria promedio de 24.2%, para una diferencia de 16.3 puntos porcentuales (p.p.) con relación a la OCDE y de 14.5 p.p. con respecto al promedio de las citadas 40 economías avanzadas, durante el período 2010-2023.
En contraste, el documento sustentación del PGE 2024 destaca que en la base de datos del FMI, la República Dominicana registra una presión fiscal promedio de 14.4%, superando solamente a Costa Rica (14.0%) y Guatemala (11.6%) durante la serie histórica en cuestión; y, se posiciona en 9.8, 24.4 y 26.1 puntos porcentuales con respecto al promedio de la región latinoamericana, de las economías avanzadas y de los países miembros de la OCDE, respectivamente.
“Por lo tanto, a menos que se realicen cambios estructurales en el sistema tributario de la República Dominicana, la cual se encuentra en el antepenúltimo lugar en términos de presión fiscal de América Latina, se deberán seguir haciendo esfuerzos excepcionales para acercarse, al menos, al promedio de recaudación impositiva en AL”, expone el MH. Y agrega: “Esto es esencial para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que incluye la reducción o consolidación de la deuda pública”.
Según las consideraciones del Ministerio de Hacienda, “para garantizar la sostenibilidad de las estimaciones de recaudación, se precisa enfatizar que las nuevas legislaciones que afecten negativamente estas proyecciones deberán identificar una fuente de compensación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley núm. 253-12, de fecha 9 de noviembre de 2012.
En la espera de medidas
El Ministerio de Hacienda dice que en vista de la necesidad de la sostenibilidad de los ingresos fiscales corrientes, las instituciones recaudadoras continuarán implementando las medidas administrativas que han venido ejecutando en periodos anteriores, pero que reforzarán en el ejercicio de 2024.
“En ese sentido, para el caso particular de la Dirección General de Aduanas se destacan las siguientes medidas:
I. Proseguir con el proyecto estratégico de Motor de Riesgos Fase II, con el objetivo de modernizar las operaciones aduaneras, mediante la actualización de los sistemas que brinden flexibilidad para incorporar nuevas reglas y procesos comerciales basados en las mejores políticas.
II. Continuar con la agilización del despacho de mercancía en menos de veinticuatro horas, con el fin de reducir costos a los importadores y congestionamiento.
III. Impulsar a República Dominicana como centro de operaciones logísticas (Hub Logístico) que sirva de entrada de todo Centroamérica y el Caribe, mediante el conocimiento de un marco legal que se discute en la actualidad.
IV. Mejorar la infraestructura tecnológica de esa dirección general con el propósito de simplificar y automatizar servicios que permitan la agilización de procesos, ahorro de tiempo y reducción de costos.
En ese mismo orden, entre las medidas de política y acciones administrativas que proseguirá ejecutando la Dirección General de Impuestos Internos están, como punto número uno:
Proseguir con la revisión integral del Título I del Código Tributario, a fin de adaptar esta legislación a los tiempos actuales. Estas revisiones, entre otras, abarcan la simplificación de la determinación impositiva por parte del contribuyente y le otorgan garantías y derechos.
Además, se proponen cambios significativos en la gestión administrativa del sistema tributario, que incluyen la implementación del catálogo de derechos del contribuyente; la reducción de recargos al 3%; la introducción del interés a favor del contribuyente en los reembolsos causados por demoras administrativas; la implementación de la Administración Electrónica para mejorar la eficiencia en los servicios; la introducción de instrumentos de facilitación y mejoras en el pago de impuestos; la mejora del procedimiento de compensación, entre otras. Estos cambios tienen como objetivo simplificar y hacer más eficiente el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
