Foto de archivo del presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, durante un reunión de aspirantes a la presidencia este jueves, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Foto de archivo del presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, durante un reunión de aspirantes a la presidencia este jueves, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
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Ginebra- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó «el aumento de las restricciones al espacio cívico» denunciadas en las semanas previas a las elecciones presidenciales en Venezuela, por lo que pidió a las autoridades «un espacio abierto y libre para el debate».

«Mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se aproxima la jornada electoral (28 de julio), incluyendo las de miembros de la oposición y sus simpatizantes», denunció este miércoles en el debate sobre la situación en Venezuela celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

«No es un buen augurio, por lo que pido que estas prácticas terminen», subrayó el alto comisionado, quien aseguró que tanto esos comicios como los legislativos previstos para 2025 «son oportunidades clave pare respetar la voluntad popular».

Actividades de la ONU suspendidas en Venezuela

El jefe de derechos humanos de la ONU comenzó su intervención recordando que las autoridades venezolanas suspendieron el pasado febrero las actividades de su oficina en el país, llegando incluso a ordenar la salida de sus 13 empleados.

La decisión fue «profundamente lamentable» e inconsistente con los anteriores acuerdos de entendimiento firmados entre las dos partes, subrayó Türk, quien por otro lado señaló que «recientes señales indican que podría conseguirse el restablecimiento de la presencia de nuestra oficina en Venezuela».

«Seguiremos trabajando al respecto, con miras a garantizar que las necesarias condiciones se cumplen para permitir el desarrollo del mandato» de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, subrayó Türk.

El alto comisionado afirmó por otra parte que en el último año su institución ha documentado un incremento de «las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas».

Türk denunció al menos 38 casos de detención arbitraria en este sentido, y mencionó los casos concretos de Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, «detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección».

Recordó además que el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, también detenido arbitrariamente, cumplió ese martes su tercer año en prisión, mientras su estado de salud se deteriora, y pidió su puesta en libertad.

Desapariciones forzadas

La oficina que dirige Türk ha documentado 28 casos de detenidos en Venezuela desde mayo de 2023 cuyo paradero ha sido ocultado a sus familiares y abogados, por periodos de entre dos y 41 días, que podrían constituir desapariciones forzadas.

Expresó asimismo inquietud sobre el proyecto de ley sobre ONG y su financiación, así como «la introducción de una ley contra el fascismo, el neofascismo y simulares expresiones, que contiene definiciones excesivamente vagas y amplias».

«Reitero mi llamamiento a abstenerse de adoptar una legislación que restringiría aún más el derecho a participar en asuntos públicos y las libertades de asociación y expresión», agregó.

«Más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y las instituciones estatales es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos», destacó.

Türk también citó algunos aspectos positivos en Venezuela, como la reciente liberación de dos líderes sindicales, que ha elevado a 65 las personas detenidas arbitrariamente puestas en libertad en el último año, aunque muchas de esas liberaciones son condicionadas a comparecencias regulares ante los jueces.

También consideró un avance recientes condenas contra siete agentes de la disuelta Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por homicidios cometidos durante operaciones de seguridad entre 2018 y 2019, urgiendo a una «completa rendición de cuentas» en sus represiones de protestas y otros abusos. EFE

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