El destituido presidente peruano Pedro Castilllo se encuentra penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. En dicho centro de reclusión también se encuentra el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel por rebelión y conspiración.
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Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, autoridades condujeron a Castillo en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac. Allí abordó un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima. Mientras lo conducían a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno. Esto, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios. Principalmente para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.
Pedro Castillo es acusado de quebrantar el orden constitucional
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares. A Castillo se le señala de presuntamente «quebrantar el orden constitucional». Esto, después de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden se interpretó mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente aprobaron 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Tras su destitución por el Legislativo, autoridades apresaron a Castillo en un operativo supervisado por la fiscal Benavides. Horas antes, la fiscal condenó la decisión del ahora exjefe de Estado, que calificó de «quebrantamiento del orden constitucional».
