Lima, (EFE).- Más de dos decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en la infraestructura del país. Ese ha sido el resultado de una semana de furia y violencia que se desató en Perú en medio de la crisis política y social que se agudizó con la destitución de Pedro Castillo.
Aunque las protestas y manifestaciones comenzaron el pasado 7 de diciembre en Lima, ni bien Castillo fue destituido por el Congreso, se agravaron desde el pasado domingo 11, cuando se registraron violentos enfrentamientos en la ciudad de Andahuaylas, en la región sur andina de Apurímac, donde finalmente murieron 6 personas.
Esa localidad, junto con la vecina Ayacucho, se convirtió en el epicentro de marchas que derivaron en enfrentamientos que incluyeron ataques a aeropuertos vigilados por las fuerzas de seguridad, que han sido acusadas por organizaciones civiles y partidos de izquierda de hacer un uso excesivo de la fuerza.
Tanto el Gobierno como los militares defienden que se cumplieron las leyes establecidas para los casos de estado de emergencia en el país, como el decretado el miércoles pasado, por 30 días, por el Gobierno de Dina Boluarte, así como el toque de queda en 16 provincias de 8 de los 24 departamentos del país.
Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, entre otros.
EL INICIO DE LAS PROTESTAS
Las manifestaciones comenzaron pocas horas después de que Castillo fuera destituido por el Congreso, tras el anuncio que hizo de que iba a cerrar el Congreso y gobernar por decreto, además de intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
En Lima, grupos de manifestantes protestaron, en principio, contra la destitución de Castillo y en rechazo a la designación como jefa de Estado de la vicepresidenta Boluarte, de acuerdo con la sucesión constitucional.
La tensión se agudizó desde el fin de semana pasado cuando las manifestaciones se trasladaron hacia distintas localidades del interior del país, sobre todo en la ciudad sureña de Andahuaylas, donde varios policías fueron retenidos por manifestantes, que posteriormente los liberaron.
Estas protestas esgrimieron una plataforma de exigencias que se mantendría en los próximos días y que incluye la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
UNA OLA DE VIOLENCIA
La muerte sentó sus reales desde el domingo 11 de diciembre, cuando un adolescente de 15 años falleció en las manifestaciones en Andahuaylas, donde se debió cerrar el aeropuerto debido a los actos de vandalismo que sufrieron sus instalaciones.
Poco después se reportó el segundo fallecido, un joven de 18 años, lo que exacerbó los ánimos y la tensión política, por lo que a la medianoche Boluarte anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.
La Defensoría del Pueblo confirmó el lunes que los fallecidos en algo más de 24 horas se habían elevado a siete, dos de ellos menores de edad, «y todos por proyectiles de armas de fuego», producidos en Andahuaylas y la provincia vecina de Chincheros, así como uno en la aledaña región de Arequipa.
También resultaron heridos más de 100 agentes, al menos uno de ellos de gravedad, mientras que en Lima piquetes de vándalos atacaron los locales de dos canales de televisión, así como a periodistas que cubrían las protestas en el centro histórico.
Aunque el Gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia nacional por 30 días, las manifestaciones se agravaron el jueves en la región de Ayacucho, donde la violencia se desató cuando un grupo de personas ingresó a la pista de aterrizaje del aeropuerto y causó destrozos en las instalaciones.
Los militares y policías que vigilaban el lugar respondieron con disparos de armas de fuego, según mostraron numerosos videos difundidos por redes sociales, lo que produjo una vorágine de acontecimientos violentos que dejó 9 muertos, el último de ellos este sábado por las heridas sufridas en ese momento.
El viernes, al menos otros dos manifestantes fallecieron en enfrentamientos con la Policía en el distrito de Pichanaki, en la región central de Junín, con lo que sumaron a otros tres reportados en la semana en la región norteña de La Libertad y otro en el Cuzco.
ACUSACIONES Y DEFENSA
Organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda han denunciado un uso excesivo de la fuerza en la represión de estas manifestaciones, mientras que el Ejecutivo y un sector de la ciudadanía remarcan en los ataques violentos que han sufrido militares y policías, que han reportado más de doscientos heridos.
La oficina de las Naciones Unidas en Perú hizo el viernes un «llamado urgente» a la ciudadanía y a las fuerzas del orden «para restablecer la calma, desistiendo de cualquier acto de violencia y asegurando derechos humanos».
Amnistía Internacional demandó, por su parte, «el cese inmediato de la violencia estatal y que se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos» e invocó «al diálogo para detener la escalada de violencia y evitar más muertes».
La presidenta Boluarte ratificó este sábado la legitimidad constitucional de su Gobierno y exigió al Congreso que apruebe la propuesta de adelanto de elecciones, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron que retoman el control en el interior del país.
Mientras que durante este fin de semana no se informó de nuevos incidentes mayores en el país, los ayacuchanos comenzaron el sábado a enterrar a las víctimas de una semana de furia y violencia que todos desean que no se vuelva a repetir y cuya solución está, en gran parte, en manos de una clase política altamente desprestigiada.
