Santo Domingo.- La magistrada Ana Lee Florimón resultó seleccionada como juez interina control para conocer el expediente de corrupción denominado Calamar, en el que está incluido el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Florimón es jueza titular del Segundo juzgado de Paz Municipal del Distrito Nacional y suplente adscrita a la coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional.
La escogencia de esta nueva jueza de control para el caso Calamar se da luego de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación apartara del proceso judicial a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud del equipo legal del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
En este sentido, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, hoy decidió mediante un sorteo a cuál juez o jueza le corresponde conocer el caso de corrupción denominado Calamar, en el cual resultó seleccionada la magistrada Ana Lee Florimón.
¿Por qué recusaron a la jueza Padilla?
La jueza que llevaba el caso de corrupción Calamar, Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue recusada por la defensa del imputado José Ramón Peralta, bajo el alegato de que la magistrada actuó con “arbitrariedad” e “ilegalidad”.
Para la defensa del exministro administrativo de la Presidencia, compuesta por los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo, los últimos procedimientos que realizó la jueza con este caso desbordaron arbitrariedad e ilegalidad.
La jurista Emery Rodríguez explicó que esta decisión fue “peligrosa” y “arbitraria” debido a que la jueza decidió rechazar la solicitud de revisión sin fijar una audiencia donde se le diera la oportunidad al imputado de presentar elementos nuevos que podrían contribuir a que se le variara la medida de prisión preventiva que le fue impuesta el pasado mes de abril.
Los abogados basan sus afirmaciones en que la jueza Patricia Padilla decidió de manera administrativa rechazar una solicitud de revisión hecha por Peralta y en la misma resolución fijó para el 28 de noviembre la revisión obligatoria de la medida de coerción, que estaba pautada para el día primero de septiembre.
Los juristas alegaron que con esta decisión de la jueza, el exfuncionario del gobierno de Danilo Medina llegaría a cumplir nueve meses cumpliendo prisión preventiva sin que se le conozca una audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, que de acuerdo con el Código Procesal Penal debe ser cada tres meses.
