El techo de la discoteca Jet Set colapsó en la madrugada del 8 de abril de 2025 en Santo Domingo, mientras una multitud asistía a una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El siniestro dejó 236 muertos y cerca de 180 heridos, entre ellos ciudadanos varios extranjeros.
Las investigaciones revelaron que un empleado del local, Gregory Adames, había advertido previamente a Antonio Espaillat que no debía celebrarse la fiesta de esa noche, debido al estado de la estructura.
Los mensajes entre ambos fueron recuperados del teléfono móvil del exempleado por el Ministerio Público y se convirtieron en pieza clave de la acusación. La pesquisa determinó además que durante 14 años el techo del local había duplicado su carga de peso sin ninguna evaluación estructural especializada.
En junio de 2025, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local a través de la empresa Inversiones E Y L SRL, fueron arrestados. La jueza Fátima Veloz les impuso medidas de coerción: una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. La prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público fue descartada, dado el tipo penal imputado: homicidio involuntario.
En noviembre de 2025, el Ministerio Público formalizó la acusación y el juez Raymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó el inicio de la audiencia preliminar para el 12 de enero de 2026. Desde entonces, el tribunal ha celebrado audiencias en distintas fechas, acumulando pruebas, testimonios y argumentos para determinar si existe causa probable suficiente para enviar el caso a juicio de fondo.
El 6 de abril de 2026, mediante el Auto 057-2026, el juez acogió un pedido de la defensa presentado desde agosto de 2025 y ordenó la realización de un peritaje técnico independiente con plazo de 30 días hábiles, para examinar materiales estructurales, procesos de deterioro y factores externos que pudieron incidir en el colapso. En reiteradas ocasiones, el mismo juez rechazó la solicitud de permitir el testimonio de Adames durante esta fase, argumentando que hacerlo “desnaturalizaría” el juicio preliminar, pues los testimonios están reservados para el juicio de fondo.
El 27 de abril, el tribunal cerró la etapa de conclusiones de los querellantes y abrió paso a la intervención de víctimas y familiares. Ese mismo día, familiares y sobrevivientes acudieron al Palacio de Justicia vestidos de rojo, color adoptado por el movimiento Justicia Jet Set.
El movimiento denunció que la seguridad privada de los hermanos Espaillat ingresó armada a la sala de audiencia. La audiencia fue aplazada a petición de la defensa, que alegó necesitar más tiempo para presentar su peritaje. El juez advirtió que no habrá nuevas prórrogas.
Este viernes 1 de mayo se reanuda la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se espera la presentación de los argumentos y réplicas de la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Durante esta jornada, es posible que la defensa presente los resultados del peritaje autorizado por el magistrado, con un plazo máximo de 30 días.
