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El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a las 7:40 de la noche de este viernes regresará de ponderar y decidirá si le otorga o no las solicitudes que les han hecho la defensa de los implicados en la supuesta red de corrupción desmantelada con la operación Medusa.

El magistrado se retiró a ponderar a las 6:40 de la tarde y dijo que dentro de una hora regresará para dar sus ponderaciones sobre las solicitudes que ambas partes en el proceso han planteado.

La defensa de los imputados piden que se le otorgue un plazo de hasta cuatro meses para poder estudiar el expediente y presentar sus escritos de defensa.

Sin embargo, el Ministerio Público se opone al tiempo que solicitan y pide al juez que le de un plazo razonable.

«Nosotros si queremos, no solo como garante del Estado de derecho, nosotros queremos que se le otorgue un plazo, pero ese plazo tiene que ser razonable», expresó la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso durante la audiencia.

Las abogados de los imputados del caso Medusa le han manifestado al juez que el documento acusatorio consta de más de 12 mil páginas, además de que cuenta con más de 3 mil pruebas, lo que le tomaría bastante días para poder analizar todo y estar preparados.

Además, se le ha pedido al magistrado que ordene al Ministerio Público entregar las pruebas que tienen en contra de los imputados de manera física, pues lo hicieron de manera virtual y esto les complica el trabajo. Indicaron que solo de pruebas, hay más de 150 mil páginas.

En ese sentido, Yeni Berenice Reynoso dijo «que estamos en el siglo XXI» al tiempo que expresó que «quien no se monta en ese tren se va quedar en la obsolescencia».

Una de las defensas que planteó que quería que se le notificara las pruebas de manera virtual, fue la del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien es el principal implicado en este caso de corrupción. Sus abogados pidieron al juez un plazo de tres meses y una semana.

De su lado, los abogados de Alfredo Solano Augusto,  quien se desempeñaba como subdirector administrativo de la Procuraduría, pidió el plazo de cuatro meses.

A medida que se le iba dando la palabra a las diferentes barras de defensa de este caso, donde hay 41 imputados y 22 empresas, se sigue pidiendo al juez que otorgue un plazo razonable para elaborar el escrito de defensa y con esto cumplir con el debido proceso.

Este proceso judicial entró hoy en una nueva etapa en la que el juez Martínez determinará si la acusación que presentó el Ministerio Público tiene los méritos suficientes para pasar a un juicio de fondo.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a los implicados en el caso Medusa de crear un entramado, supuestamente dirigido por Rodríguez, para distraer miles de millones de pesos de la Procuraduría mediante una serie de maniobras. Los cargos en su contra van desde estafa contra el Estado, sobornos, prevaricación, lavado de activos, coalición de funcionarios, hasta delitos de alta tecnología.

Por el caso guardan prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

En tanto que el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Por igual son imputados en el caso, pero no cumplen medidas de coerción Rolando Sebelén Torres, cuñado del exprocurador Rodríguez; José Estrada, César Nicolás Rizik, Hilda Cristina Jackson y José Alberto Abbot, madre y suegro de José Estrada.

También Juan Asael Martínez, Vianela Pimentel y Giselle del Carmen Molano, hermano, madre y esposa de César Nicolás Rizik, respectivamente.

Por igual, en la lista de los acusados figura Ramón Burgos Acosta, quien fue director del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec), y Alejandro Martín Rosa, quien fue director de la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público.

Además son imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno.

Asimismo, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

Entre las empresas imputadas están Morel Grullón, Constructora Integral SAS, Abatesa, Constructora Carrasco SRL, Smart Logistc, Distribuidora Ropi, Inversiones Swaziland EIRl.

También, Inversiones Carivieri, Ropalma SRL, Getran del Caribe, Dimamor Group, Herrage Rachel SRL, F y F Ezel Import, Rogama, Comercial Viarios, la Parasata Mercantil y Fire Control System Magm.

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