El Centro Juan XXIII aseguró que solo dos de cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) han mantenido desde el primer día una postura coherente, respaldada con pruebas y
evidencias, a favor de la transparencia y la institucionalidad del ente colegiado.
La entidad se refiere al presidente de la CCRD, Janel Ramírez y el miembro del Pleno, Mario Fernández, quienes firmaron un convenio junto a Elsa Peña, también miembro; sin embargo, esta última se retiró del acuerdo que buscaba consensuar una serie de acciones en beneficio de la institución.
«El resto de los miembros o ha sido ambivalente o ha empleado gran parte de su tiempo en atizar diatribas y conspiraciones internas. Han hecho uso de su mayoría mecánica para actuar y tomar decisiones cuestionables y reñidas con la ley», explica un comunicado del Centro Juan XXIII.
Entre las faltas que señala el centro a las tres miembros restantes de la Cámara de Cuentas, están: suplantar la función del presidente del Pleno; aprobar auditorías cuestionadas realizadas por la anterior Cámara de Cuentas, en desconocimiento del mandato legal de que el Presidente es quien
garantiza la calidad de los trabajos de auditoría; impedir a que se realice el proceso de depuración del personal, tratando de en cambio imponer una política de reparto del personal, lo cual también contraviene la ley orgánica de la CCRD porque el presidente es la máxima autoridad ejecutiva; y, finalmente, obstaculizar la implementación del sistema de auditoría preventiva online que permitiría la fiscalización en tiempo real de la ejecución del Presupuesto Nacional.
«Este grupo ha logrado arropar todo este accionar en el velo del secretismo impuesto por el anterior Pleno de la Cámara de Cuentas, el cual tomó la decisión inconstitucional de clasificar como confidencial todas las actas y grabaciones de las reuniones del Pleno. Las que hacen mayoría se han rehusado a modificar este opaco precedente», indica el Centro Juan XXIII.
El Centro rechazó categóricamente este proceder y considera que quienes han sido responsables de que el convenio no se ejecute deben ser evaluados en proporción al daño causado a la nación.
La entidad exhortó a la Cámara de Diputados a indagar las razones del por qué el resto de los miembros no quisieron firmar y ejecutar el convenio propuesto, y que al momento de formular sus acusaciones para un eventual juicio político lo hagan apegado al principio universal de la justicia que consiste en dar a cada uno lo que merece por sus actuaciones, determinando la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Pleno de la CCRD y formalizando de manera precisa e individual los cargos imputados a cada miembro.
