Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su preocupación por la intención de modificar nuevamente la Ley 225-20 mediante un procedimiento de urgencia en el Congreso Nacional. La organización consideró que este mecanismo debe reservarse para situaciones excepcionales y advirtió que su uso frecuente puede afectar la calidad del proceso legislativo.
A través de un comunicado, el gremio empresarial afirmó que la declaratoria de urgencia constituye una facultad extraordinaria prevista para circunstancias especiales. Además, sostuvo que acelerar la aprobación de reformas complejas reduce los espacios de discusión, limita la participación de los sectores involucrados y dificulta la construcción de cambios sostenibles y consensuados.
Recuerdan reforma aprobada en 2025
El CONEP señaló que el proyecto para modificar la legislación fue introducido a las 3:00 de la tarde de este mismo día y que las autoridades buscan tramitarlo nuevamente con carácter de urgencia.
La entidad recordó que la Ley 225-20 ya fue modificada de forma acelerada en enero de 2025, un proceso que calificó como un antecedente reciente y que, según indicó, aún permanece en la memoria de los distintos actores vinculados al tema.
Solicitan mayor diálogo y consulta
El gremio empresarial sostuvo que, cuando una reforma requiere ajustes o correcciones de manera recurrente, la respuesta no debe ser acelerar aún más el procedimiento legislativo.
En cambio, consideró que esta situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de consulta, ampliar el diálogo entre las partes involucradas y promover una deliberación técnica más profunda antes de aprobar nuevas modificaciones.
Finalmente, el CONEP insistió en que los cambios a normativas de alta complejidad deben construirse sobre la base del consenso y la participación, con el propósito de garantizar mayor estabilidad jurídica y mejores resultados para el país.
¿Qué dice la ley al respecto?
La Ley 225-20 es la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en la República Dominicana. Su objetivo principal es prevenir la generación de residuos y establecer el régimen jurídico para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final adecuada de los desechos en todo el territorio nacional
