A pesar de las críticas y objeciones de algunos sectores a esta propuesta de reforma, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado de la República el proyecto de ley orgánica con el cual dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
La información la compartió ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien indicó que se trata de una iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones.
El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, y respetará la autonomía universitaria.
La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.
Entre las principales novedades del proyecto señaladas por un despacho de prensa del Gobierno, figura la supresión del Mescyt, y se transferirán al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.
También figura la creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.
Reestructuración de la estructura orgánica y reubicación de personal
El proyecto de ley contempla, además, la actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, consolida viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad.
Plantea la implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Educación.
Declara de alta prioridad la reforma integral del sistema educativo
Con este proyecto, el Poder Ejecutivo hace una declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.
En nota de prensa, Antoliano Peralta Romero destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.
“Con el depósito de esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una educación más moderna, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo humano, científico y productivo de la República Dominicana”, señaló.
Las fusiones que ya se han hecho
En septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader anunció una segunda reforma para la unificación de ministerios y otras instituciones estatales, con el objetivo de continuar la reestructuración y racionalización de la Administración pública en el “Plan de Eficientización y Racionalización del Estado dominicano”.
Hasta el momento, ya se ha materializado la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda que dio a luz al Ministerio de Hacienda y Economía; la unificación de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) con el Programa Supérate y, recientemente, la unión de los Comedores Económicos del Estado Dominicano con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.
Quedan pendientes dos unificaciones que involucran a cuatro entidades.
Lo que persigue el Gobierno con ese proceso
Con el proyecto de fusión o eliminación de instituciones el Gobierno se plantea generar un ahorro en el Estado de RD$25,000 millones. En total contempla a 10 instituciones, que incluyen cuatro ministerios y la supresión o absorción de siete organismos.
El MAP encabeza la ejecución de este proceso anunciado por el presidente Luis Abinader el 16 de septiembre del 2024. Los objetivos son la optimización de recursos para redireccionarlos hacia áreas críticas como salud, educación y seguridad.
