Con la firma del Pacto por la Integridad en la Educación y el lanzamiento de la Política Nacional de la Debida Diligencia para el Sector Público, se dio inicio ayer a la Semana de la Ética 2026, en la cual se realizarán 520 actividades continuas a nivel nacional, orientadas a promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
A través de la Política Nacional de la Debida Diligencia para el Sector Pública se busca fortalecer la capacidad preventiva y advertir los riesgos de corrupción, conflictos de interés, incompatibilidades funcionales y vulneraciones éticas que pueden afectar la integridad del servicio público. Mientras que, con el Pacto por la Integridad en la Educación se pretende educar y sembrar valores a través de la educación en escuelas y universidades, de la mano de las academias, gremios, asociaciones, sociedad civil y el Gobierno.
Durante el acto de apertura de la Semana de la Ética 2026, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, resaltó la importancia de los dos instrumentos a fin de mejorar la transparencia en el sector público y reforzar la integridad en la gobernanza.
Ortiz Bosch enfatizó, asimismo, la importancia de la transparencia en el Gobierno como vía necesaria para la ejecución plena del programa de Gobierno, para atender las necesidades del Estado y alcanzar el desarrollo económico, social y de participación del país
El compromiso
Al tomar la palabra en la actividad, el ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, aseguró que desde la institución que dirige se asume el compromiso de seguir fomentando la ética, no como un concepto abstracto o una retórica moralista, sino como una responsabilidad innegociable en el ejercicio de las funciones y como un eje transversal en todo lo que se hace.
“Hoy damos pasos firmes con la implementación de la Política de Debida Diligencia de la mano de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. En los próximos días estaremos suscribiendo, conjuntamente con esta dirección, la medida normativa que comenzará a implementar esto que ha sido implicado previo a mi participación en cuanto a implementar normas y protocolos para llevar adecuadamente un control de la Debida Diligencia de conflictos de interés en el servicio público”, indicó.
El titular del MAP sostuvo que el objetivo de la Política de la Debida Diligencia es establecer un marco normativo y procedimental para la realización de procesos sobre los servidores públicos y personas vinculadas a instituciones estatales en posiciones críticas o de confianza con el fin de prevenir riesgos de corrupción, conflictos de interés, incompatibilidades funcionales y vulneraciones éticas que pueden afectar la integridad del servicio público.
En ese sentido, refirió que este mecanismo fortalece la capacidad preventiva de identificar riesgos de manera anticipada y garantizar que quienes ocupan posiciones de alta sensibilidad, actúen bajo los más rigurosos estándares de ordenamiento.
De su lado, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reconoció la labor que hace la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) en el fortalecimiento institucional y la transparencia para que el país avance a pasos agigantados.
Los firmantes del Pacto por la Integridad
Entre los firmantes del pacto figura la primera dama Raquel Arbaje, la Digeig, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), así como representantes de la sociedad civil y academias.
