Santo Domingo.- Los miembros de la alegada red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), en el 2018 reestructuraron la organización criminal y la denominaron “La vuelva”, de acuerdo al Ministerio Público.
En el expediente que depositó el órgano persecutor para que un tribunal conozca la medida de coerción en contra de los 12 imputados, establece que los involucrados utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para borrar fichas a personas que tenían antecedentes por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
La acusación que hace el Ministerio Público indica que los integrantes de la red crearon un “esquema sostenible” en el tiempo a nivel nacional que funcionaba bajo el diseño de: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo y transferencia, consulta de aprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales para salir del país.
El expediente de alrededor de más de 300 páginas dice que además eliminaron o alteraron más de 8,000 registros penales a cambio de sobornos que obtenían con un estructurado esquema que funcionaba como una especie de empresa criminal.
El Ministerio Público identifica a Mártires Rosario Reyes, que se desempeñaba como soporte técnico en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como el cabecilla de la red de corrupción que operaba dentro de la PGR.
Según el Ministerio Público, para borrar una ficha del sistema de la Procuraduría, Rosario Reyes solía cobrar entre 8,000 y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales.
Para poder tener mayor alcance, Mártires junto a los demás empleados involucrados de la Procuraduría, se asoció a Luis Alfredo Astacio Polanco, exmiembro de la Policía Nacional, a quien eliminaron antecedentes penales y lo integraron a la red criminal.
El órgano persecutor acusa a los integrantes de la red de realizar transferencias millonarias adulterando los conceptos de la operación bancaria para disfrazar el objeto ilícito de la misma.
Este viernes la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de las medidas de coerción a los imputados en la Operación Gavilán.
La disposición del juez Rigoberto Cena se produjo a solicitud de la defensa de los imputados que pidió un plazo para conocer el expediente acusatorio.
El fiscal Andrés Mena informó que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso sea declarado complejo.
