La Ley 30-26 modificó el mapa de retenciones que deben gestionar las empresas en República Dominicana. Dependiendo de quién paga, quién recibe y qué tipo de renta origina la operación, hoy conviven distintos porcentajes y tratamientos que obligan a clasificar con mayor precisión cada pago antes de reportarlo. El reto no está únicamente en conocer las tasas, sino en tener información suficiente para aplicarlas correctamente.
Un ejemplo simple ayuda a entenderlo. Una empresa que contrata a un contador independiente por RD$80,000 en honorarios debe retener 15 %, equivalente a RD$12,000, y reportarlo a la DGII vía Formulario IR-17. Si esa misma empresa paga alquiler a una persona física, la tasa también es 15 %, pero el tratamiento fiscal no es idéntico: en honorarios funciona como pago a cuenta, mientras que en alquiler corresponde a un pago único y definitivo. Cuando el registro es manual y la información está dispersa, distinguir correctamente ambos conceptos se vuelve más difícil.
Cuando el problema no es evasión, sino desorden
El riesgo tributario no siempre comienza con una intención de incumplir. Muchas veces empieza con una empresa que concilia compras y ventas en hojas de cálculo distintas, que no tiene un registro centralizado de qué tratamiento aplica a cada proveedor o que detecta una inconsistencia justo antes de presentar el IR-17. En un escenario con tasas diferenciadas para servicios, honorarios, pagos del Estado, regalías y determinados pagos al exterior, el desorden administrativo puede convertirse rápidamente en un riesgo financiero.
Desde julio, equivocarse o pagar fuera de plazo sigue teniendo un costo: a la mora se aplica un recargo de 3% por cada mes o fracción, además del interés indemnizatorio correspondiente. No practicar una retención, o practicarla y no enterarla a tiempo, también puede trasladar la responsabilidad del impuesto a la empresa. Por eso, la precisión deja de ser un asunto exclusivamente contable y pasa a formar parte de la gestión del riesgo.
La facturación electrónica como control, no solo como trámite
La DGII ya avanza en esa dirección desde el lado de la trazabilidad. Entre enero y julio de 2026, los emisores electrónicos autorizados pasaron de 23,686 a 76,762 y se habían emitido más de 1,859 millones de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF). El siguiente hito es el 15 de noviembre de 2026, plazo prorrogado para que los contribuyentes pequeños, micro y no clasificados completen su incorporación obligatoria al e-CF.
Facturar electrónicamente no elimina por sí solo el riesgo de aplicar mal una retención, pero sí ayuda a ordenar la base sobre la que se toman decisiones como, por ejemplo, qué se facturó, a quién, bajo qué concepto y en qué fecha. Es la diferencia entre reconstruir información bajo presión al cierre de cada periodo o tenerla disponible desde el momento en que ocurre la operación.
Una ventana para corregir antes de acumular errores
La Ley 30-26 incluye una amnistía fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 para determinadas deudas tributarias, además de mecanismos de regularización y descuentos por pronto pago en ciertos casos. Para las empresas, la oportunidad no debería limitarse a corregir una deuda existente: también es un buen momento para revisar criterios, ordenar registros y reducir la posibilidad de repetir el mismo error.
En un entorno con reglas diferenciadas y una trazabilidad digital creciente, el desorden administrativo deja de ser solo una ineficiencia interna.
Es un riesgo tributario y operativo que las empresas dominicanas pueden empezar a prevenir con información más ordenada y procesos mejor conectados.
Sobre Alegra
Alegra es un sistema de soluciones en la nube especializado en contabilidad inteligente para la gestión de pequeñas y medianas empresas. Su software integral brinda soluciones en contabilidad, facturación, punto de venta y nómina electrónica.
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