No existen fundamentos válidos para ordenar un juicio político contra los cinco miembros de la Cámara de Cuentas (CC), debido a que los hechos que han salido a relucir no constituyen faltas graves.
El comentario es del diputado Rubén Maldonado, miembro de la comisión especial asignada para investigar el conflicto entre el pleno del órgano extrapoder, quien se refirió al tema durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37.
El legislador de Fuerza del Pueblo (FP) también destacó la importancia de llegar a decisiones consensuadas que beneficien al país, en lugar de imponer la voluntad de una mayoría sin importar de qué lado se encuentre.
Además, hizo hincapié en que si prevalece la idea de imponer la voluntad de una mayoría, no se logrará avanzar en ningún aspecto. Enfatizó que ninguno de los presentes en la comisión tiene la capacidad de reunir a los 127 diputados del hemiciclo para votar a favor de una propuesta de una mayoría dividida. Por lo tanto, dijo que es fundamental trabajar de manera conjunta.
Señaló que al analizar los documentos presentados se percibió que se trata de un juicio político en el que se requieren elementos de acusación válidos desde el punto de vista penal y de violación a la ley o la Constitución.
El expresidente de la Cámara de Diputados resaltó la necesidad de fundamentar cualquier juicio político en pruebas válidas y cumplir con los requisitos legales establecidos.
Asimismo, acusó al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader de querer dañar la carrera de personas con un alto nivel profesional al llevarlas a un juicio político sin ninguna razón de ley, situación que calificó como aberrante.
Codue y Centro Juan XXIII reaccionan
Las diferencias políticas entre los 17 integrantes de la comisión especial investigativa en relación con el informe aprobado el pasado sábado por nueve de esos miembros, en el que recomiendan un juicio político a los titulares del órgano fiscalizador, trajo la reacción de sectores.
Fue en ese sentido que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) afirmó ayer, a través de un comunicado, que en la crisis presente a lo interno de la Cámara de Cuentas debe primar el interés colectivo y no los intereses políticos y económicos de grupos particulares.
El pastor Feliciano Lacen Custodio precisó que ante las discrepancias personales presentadas entre los miembros que integran este tribunal, estas deben ser resueltas con diálogo y consenso, con árbitros éticos, a fin de enfrentar al dilema y la falta de credibilidad a que ha sido sometido el órgano constitucional.
El líder eclesiástico considera que el país necesita una CC con un funcionamiento diáfano, sin injerencias externas ni complicaciones internas, y con un control que no deje lugar a dudas sobre el cumplimiento de su misión y las funciones que les confiere el artículo 10 de la Ley 10-04.
De su lado, el Centro Juan XXIII explicó, mediante una nota de prensa remitida a este medio, que, tras ser llamados a armonizar el conflicto existente en la Cámara de Cuentas, realizaron un convenio que fue firmado por tres de los cinco miembros de la entidad, pero que luego uno de ellos abandonó el aporte.
La información indica que el convenio fue firmado por Janel Ramírez, presidente del órgano extrapoder; y los miembros Mario Fernández y Elsa Peña, el cual posteriormente fue abandonado por ésta última, “resultando imposible la continuación de nuestro aporte”.
El equipo de 17 diputados investigó al pleno del órgano constitucional durante 45 días.
