El Ministerio de Trabajo dispuso la paralización inmediata de 24 comercios propiedad de inversionistas chinos tras detectar situaciones de peligro inminente para la seguridad de sus empleados.
La medida formó parte de un operativo de inspección que abarcó 101 establecimientos y culminó con el levantamiento de 1,016 actas de infracción.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, detalló que las intervenciones se desarrollaron durante ocho días en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia.
Los inspectores detectaron violaciones sistemáticas a los derechos de los empleados, normas de salud ocupacional y disposiciones salariales.
Entre los hallazgos más críticos, Olivares denunció que 91 de las 101 empresas fiscalizadas desvinculaban a su personal antes de cumplir los tres meses de labores para evadir la acumulación de derechos adquiridos, como vacaciones y cesantía.
El balance de las inspecciones evidenció además un patrón generalizado de incumplimientos en condiciones laborales y salariales. Según el informe oficial, 53 establecimientos negaban el descanso semanal obligatorio a sus empleados y 37 no compensaban las horas extraordinarias, mientras que 52 comercios, cerca de la mitad de los intervenidos, retenían el pago de la bonificación anual correspondiente.
Las autoridades detectaron infracciones graves en materia regulatoria y de prevención de riesgos. Un total de 33 empresas violaban la proporción legal de mano de obra establecida en el Código de Trabajo sobre la nacionalización del empleo, y en otros 53 locales se vulneraban las normas de seguridad y salud en el trabajo, factor determinante para que se ordenaran las suspensiones de actividades en casos de mayor peligro.
