Un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano reveló que los fondos obtenidos por concepto de infracciones de tránsito, que en el 2018 ascendieron a más de 241 millones de pesos, no son reinvertidos en el sistema y dejan fuera a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros renglones.
El estudio “Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana”, advierte que la Ley 63-17, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a esta problemática.
La investigación afirma que, pese a que en la actualidad no se están aplicando las infracciones con los montos establecidos por la Ley 63-17, es decir, de dos a siete salarios mínimos, de hacerlo se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.
“En 2017 se aprobó, promulgó e inició la implementación de la Ley 63-17, que cambió la estructura y organización, y estableció un régimen de sanción pecuniario con base en salarios mínimos. En principio, la norma no contempló qué sucedería en caso de que se realizara un aumento salarial, hecho que ocurrió en marzo del año en curso y que provocó el incremento de los montos en las multas por infracciones de tránsito”, explica.
El estudio refiere que de 2016 a 2017, el aumento fue de alrededor de 400 %. No obstante, en 2019 con el aumento al salario mínimo del sector público, se duplican los montos cobrados con relación al 2017-2018, representando un aumento de 900 % con relación a los montos previos a la reforma.
Asimismo precisa que la intención de la reforma de 2017 al sistema, era dar respuesta efectiva a problemas multifactoriales que afectan al país, tales como los accidentes de tránsito, el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte, mediante modificaciones integrales en el sistema.
Sin embargo, el estudio establece que la actual discusión se ha centrado en el debate por el costo de las multas de tránsito, obviando otras debilidades de la Ley.
Aumento en multas
El estudio indica que durante los últimos cinco años se emitieron en promedio cerca de 700 mil multas anuales. Durante 2018, las contravenciones de tránsito dictaminadas por la Digesett fueron más de 900 mil en todo el país, con una tendencia al alza.
Las infracciones más comunes ocurrieron por la falta del casco protector en usuarios de motocicletas.
“Que se haya aumentado la colocación de multas luego de la entrada en vigor de la Ley no implica, una reducción de los accidentes de tránsito en el país, por lo que es conveniente redirigir la discusión sobre la efectividad de su aplicación a otros aspectos”, recomienda la investigación.
Proyectos para reducir el monto de multas
La investigación del OPD indica que en la actualidad, debido a que algunos sectores nacionales se han manifestado en desacuerdo por los altos montos de las multas de tránsito, en la Cámara de Diputados se han sometido dos iniciativas que buscan la modificación a la Ley 63-17 para reducir los montos cobrados por infracciones de tránsitos. Estas piezas se encuentran actualmente en la Comisión de Obras Públicas de ese órgano legislativo, y persiguen establecer las contravenciones entre los $700.00 y $2,500.00 pesos o el 75% del salario mínimo actual, situación que podría aprovecharse para replantear otros aspectos importantes en los que falla esta ley, agrega el informe.
