Con duras críticas a distintas áreas, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) presentó ayer su acostumbrado balance del año, en el que afirmó que durante este 2024 en el país hubo una ralentización en lo que respecta a la fiscalización de los organismos del Estado.
En su informe, Participación Ciudadana cuestionó el desempeño de los órganos de fiscalización y control, como la Cámara de Cuentas, cuyo pleno -indicó- debe ser renovado por completo en el proceso de escogencia que realiza actualmente el Congreso Nacional.
A juicio de la organización, esta ralentización que hubo en la función fiscalizadora en el país en el 2024, se traduce en una lentitud de los casos de corrupción que permanecen en los tribunales y, en consecuencia, los estanca. Señaló que la lucha contra la corrupción se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General.
El coordinador general del movimiento, Erick Hernández, aclaró que, de todas formas, hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del decreto 416-23 que aprueba el nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06.
Como aspectos negativos del año, Hernández refirió que se destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputados.
De acuerdo con este, uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo que, según indicó, se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, que aplazan por meses las audiencias por causas injustificables. “En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, lo que puso en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del Poder Judicial”
“El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto”, agregó.
En aspectos positivos, Participación Ciudadana resaltó la normalidad con la que se realizaron las elecciones de 2024, pero llamó a prestar atención a la abstención.
Avances institucionales y crecimiento económico
En cuanto a la institucionalidad democrática, destacó la aprobación la reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos periodos y el excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura.
PC lamentó que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal. Destacó la ratificación del presidente y de otros miembros de la Junta Central Electoral y el crecimiento económico del país. También expresó su preocupación por el tema haitiano.