El movimiento cívico Participación Ciudadana mostró su descontento con las sentencias que han dado los tribunales en los últimos casos de corrupción administrativa y estafa contra el Estado, presentados por el Ministerio Público.
Participación Ciudadana se refirió a los cuatro procesos judiciales de este tipo, en los cuales las mayorías de los imputados no lo condenaron y otros pocos recibieron una pena muy inferior a la que había solicitado el órgano persecutor: Odebrecht, aviones tucanos, barrio Los Tres Brazos y, recientemente, el caso OMSA.
“Las penas tan benignas y las declaraciones de inocencia que han sorprendido al país en los últimos meses, evidencian lo difícil que es sancionar la corrupción en la República Dominicana y muestran que hay mucho trabajo por hacer y mucha voluntad que aportar si se desea poner fin a la impunidad”, expresa la entidad través de un comunicado enviado a la prensa.
El movimiento cívico indica que todas las sentencias dadas a conocer por los tribunales en los últimos meses han sembrado un profundo desconcierto y el temor en la ciudadania de que la impunidad siga imponiéndose en la República Dominicana.
“Jueces complacientes”
El comunicado, dice el temor crece en la ciudadanía es que los esfuerzos que en está realizando el Ministerio Público independiente, son echados al zafacón por jueces complacientes.
“Jueces comprometidos o excesivamente inclinados hacia figuras del poder, protegidos por legiones de abogados, muchos o algunos de los cuales son pagados con los recursos sustraídos”, expresa el movimiento.
Participación Ciudadana sostiene que hay evidentes indicadores de que se pretende frustrar los esfuerzos anticorrupción que se desarrollan con amplio apoyo popular.
Dice dilatan los procesos judiciales de corrupción
Otra queja que mostró el Participación Ciudadana es la lentitud y hasta paralización de los procesos judiciales de corrupción que actualmente se llevan a cabo.
Puso como ejemplo el caso Antipulpo que, habiendo presentado acusación hace 9 meses, aún no ha iniciado la audiencia preliminar. A los imputados se le acusa de malversar fondos estatales por RD$4,000 millones.
