El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como cabecilla de la red de estafa desmantelada mediante la Operación Nido. El imputado continuará recluido en la cárcel de Najayo Hombres, tras no presentar nuevos elementos que justificaran un cambio en la medida coercitiva.
Decisión del tribunal
La jueza Keyla Pérez, presidenta del tribunal, fijó para el próximo 18 de septiembre la lectura íntegra de la decisión. Durante la audiencia, las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate representaron al Ministerio Público y valoraron la ratificación de la medida.
La defensa de Rivera Ledesma buscaba modificar la prisión preventiva, pero el tribunal entendió que no existían presupuestos nuevos que lo ameritaran.
El caso Operación Nido
La Operación Nido fue puesta en marcha el 3 de enero de 2024 por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. La investigación reveló un esquema de fraude inmobiliario que afectó a decenas de personas con supuestos proyectos habitacionales.
En el proceso se realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde fueron ocupadas pruebas que vinculan a la red con estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
Empresas vinculadas al fraude
Según el expediente, la red utilizaba como fachada las compañías Indisarq, S.R.L., CRD Equipos Pesados, S.R.L., Grupo Wimar, S.R.L. y Auto Xperts AFM, S.R.L.. A través de estas sociedades se ofertaban viviendas en al menos siete proyectos inmobiliarios inexistentes.
Las autoridades señalaron que Rivera Ledesma empleaba los nombres de personalidades reconocidas para ganar credibilidad ante las víctimas, pese a que no tenía vínculos con ellas. Además, se encontraron pruebas del lujoso estilo de vida que llevaban algunos integrantes de la organización con el dinero obtenido.
Maniobras para obstruir la justicia
El Ministerio Público detalló que, tras la investigación, el imputado intentó presionar a las víctimas para que desistieran de las querellas. Incluso, habría promovido la firma de nuevos contratos con el fin de obstaculizar el proceso judicial.
Por estas razones, el órgano acusador considera que Rivera Ledesma representa un riesgo de fuga y amenaza para las víctimas, lo que justifica la permanencia de la prisión preventiva.
