Santiago. La tardanza en promulgar la Ley del Ordenamiento Territorial provocó un daño ambiental terrible para la República Dominicana al extremo de que perdió el 20 por ciento de tierra con vocación agrícola y otro cuatro por ciento de terreno forestal.
Los datos fueron ofrecidos durante el seminario sobre los “Desafíos de la participación ciudadana en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial”, promovido por la Fundación Solidaridad.
“Se estima que el territorio nuestro tiene un 67 por ciento de tierra de vocación forestal, de esto se ha perdido entre un tres y un cuatro por ciento, pero del área agrícola se ha perdido alrededor de 20 por ciento”, expresó Telésforo González, experto en planificación estratégica.
Agustín González, viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cree que si se implementara la Ley de Ordenamiento Territorial y la ley complementaria de regiones y planificación, el país se va a situar en otro estadio de desarrollo, debido a que ambas leyes pretenden poner un poco de orden ante un desorden que ya existía.
Necesidad de aplicar la ley
“Lo que estamos buscando es ver cómo ese desorden se puede mejorar, no eliminar. Lo que tenemos ya y que es ineludible, es llevarlo a un punto de mejora significativa”, expresó el funcionario.
De su lado, Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, dijo que la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y el ejercicio de los derechos ciudadanos en torno a ella, no es asunto fortuito, sino que es resultado de medidas que involucran múltiples factores.
Los panelistas trataron las experiencias previas en la implementación de planes de ordenamiento territorial y desafíos de los gobiernos locales para la consumación.
Piden que promuevan que ciudadanía participe
Juan Castillo, expresa que para fomentar el ejercicio de los derechos ciudadanos y la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, se requiere de medidas que promuevan la participación ciudadana, fortalezcan las capacidades técnicas, animen la transparencia, la rendición de cuentas, así como estimular la colaboración interinstitucional.
