Santiago.- La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, dictó prisión preventiva como medida de coercion contra cuatro agentes policiales y garantía económica y restricciones a otros siete implicados, acusados de la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquitae.
La magistrada impuso tres meses de prisión preventiva al cabo Yohandy Encarnación, al sargento Jairo Mateo Morillo, al raso José Octavio Jiménez Peña y al segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, mientras la revisión de dicha medida fue fijada para el 14 de enero del 2026.
Los otros siente agentes que enfrentarán garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica, impedimento de salida del país, y orden de alejamiento de las víctimas y testigos son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, además el tribunal ordenó medidas de protección para los familiares de las víctimas y testigos.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; Carlos Enrique Guzmán, 40; Edward Bernardo Peña, de 38; y el peluquero José Estévez, de 25.
El procurador adjunto Wilson Camacho, en representación del ministerio público informo que se solicitó prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo dada la gravead de los hechos y la presunta manipulación de evidencias. “Este es un hecho que ha estremecido la sociedad y no se puede normalizar que situaciones como esta ocurran en la República dominicana y es nuestra obligación garantizar una investigación profunda,” expresó Camacho
Posiciones encontradas de los abogados
La decisión judicial generó posiciones encontradas entre los abogados. Carlos Balcácer, defensor de varios agentes, cuestiono la objetividad del ministerio público y aseguró que los policías actuaron en legítima defensa, en contraste el abogado Esteban Pérez, representante de una de las víctimas, calificó la decisión como prudente aunque insuficiente.
