En enero de 2012 la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, que dejó trazada la ruta por la que deberá transitar el país en los próximos 30 años en materia de políticas públicas, incluyendo, la concertación a corto plazo de tres pactos en los sectores educativo, eléctrico y fiscal.
Sin embargo, a tres años de aprobada la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el único pacto concertado y firmado con el consenso del liderazgo nacional, político, empresarial, académico y social del país, ha sido el de la reforma del sector educativo, en abril de 2014, cuyo propósito busca alcanzar la excelencia en el sistema educativo dominicano.
A poco más de un año de la firma del convenio concertado por más de 200 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, organizaciones como el Foro Socioeducativo han criticado el estancamiento de procesos previstos en el acuerdo multisectorial, que si bien no establecía plazos para su ejecución, debían haber iniciado este primer año pues marcarían la trayectoria a seguir.
Una de las críticas es que el presupuesto del Ministerio de Educación para este año debió ser sometido y aprobado con antelación por el Consejo Nacional de Educación como establece la ley, lo que no ocurrió.
Lo que sí se ha venido cumpliendo el Gobierno ha sido el inicio del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo”, con la inauguración de varias estancias infantiles, así como la mejoría de las condiciones salariales de los maestros, con aumentos escalonados, tanto el año pasado como éste 2015.
También se evidencian progresos en el camino hacia la universalización de la tanda extendida, sin embargo, el Foro Socioeducativo observa la ausencia de material curricular y de docentes para impartir algunas clases.
Estancamiento
Pese a que la referida ley, considerada la más importante después de la Constitución de la República, fijó fechas para la firma de los pactos Fiscal y Eléctrico, el Gobierno y el Consejo Económico Social (CES) lo han aplazado una y otra vez ante la falta de consenso entre los distintos sectores que por decreto fueron involucrados para su materialización.
En el caso específico del Pacto Eléctrico, se esperaba que para septiembre de este año, las 1,050 propuestas formuladas en las cuatro consultas regionales realizadas en el país y aquellas plasmadas a través de la página web fueran consolidadas y agrupadas en los seis ejes definidos para la solución del problema eléctrico, de modo que permitieran la firma del esperado pacto. Pero no fue así.
En la más reciente reunión con los integrantes de la Comisión Ejecutiva del CES y el Comité de Coordinación del Pacto, el pasado 16 de noviembre, estaba previsto revisar y aprobar la metodología de la fase IV, que consiste en la concreción de la propuesta consensuada de pacto.
Allí, el presidente del CES, monseñor Agripino Núñez Collado, junto al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, felicitaron al Comité Técnico de Apoyo por la labor realizada y destacaron los avances efectuados hasta el momento y que como fruto del debate de las mesas de trabajo dieron como resultado 82 consensos y 28 consensos parciales.
No obstante, la semana pasada el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), exigió al Gobierno la entrega de una serie de informaciones para las sesiones de trabajo del Pacto, que abarcan los estados financieros, la generación y distribución eléctricas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper).
Para los dirigentes de la cúpula empresarial, esos datos son de imprescindible conocimiento previo a la entrada en la etapa final del Pacto, pues argumentan que sin estos, es imposible que los sectores social, empresarial y sindical estén en igualdad de condiciones frente al sector gubernamental.
El artículo 35 de la END establece: “la necesidad de que, en un plazo no mayor de un año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”.
En su decreto, el presidente Danilo Medina plantea: “Ese proceso tiene la finalidad de llegar a un gran consenso nacional sobre un nuevo modelo de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica que permita a la ciudadanía tener un servicio eléctrico de calidad a menores costos más estables, y que no represente una carga fiscal para el gobierno”.
Pacto Fiscal iría tras lograr Eléctrico
Con respecto al Pacto Fiscal, cuyas discusiones debieron iniciarse el pasado mes de enero, de acuerdo a lo que establece la ley 1-12, todo parece indicar que su convocatoria deberá ser hecha por el próximo Gobierno, ante la falta de tiempo y la coyuntura electoral que marcará los últimos meses de esta administración.
Así lo reconoció el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Guarocuya Félix, quien prometió que esta gestión dejará los preparativos adelantados para que el próximo Gobierno convoque a los distintos sectores involucrados, probablemente en 2017.
Este argumento fue refrendado por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, quien además ha insistido en que en lo que resta de gobierno no se aplicarán nuevas reformas tributarias.
Por su parte, monseñor Agripino Núñez Collado ha dicho que los trabajos para la firma del Pacto Fiscal deberán iniciarse una vez que concluya el eléctrico.
La END, establece como una prioridad una reforma fiscal integral, basada en la progresividad y transparencia tributaria, orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.
La percepción de corrupción no baja
En el más reciente informe rendido por el Ministerio de Economía, que recoge la evolución general de los 90 indicadores de la END, publicado a finales del 2014, indica que sólo 17 indicadores lograron alcanzar el nivel correspondiente a la meta establecida para 2015. Los indicadores que en 2013 avanzaron en la dirección deseada (mejoría) ascendieron a 55, equivalentes a 57.3%. De estos, 23 avanzaron a un ritmo promisorio, entre los que figuran las tasas de solución de casos del sistema judicial, de homicidios, así como la tasa neta de cobertura de educación a nivel secundario, esperanza de vida al nacer, usuarios de internet y áreas protegidas nacionales. Los indicadores que retrocedieron son el índice de percepción de la corrupción (IPC), la tasa de solución de casos en los Juzgados de Primera Instancia, porcentaje de población rural bajo la línea de pobreza moderada; tasa de letalidad asociada al dengue y tasa de desnutrición global en menores de 5 años, entre otros.
