En los 20 años de vigencia del Presupuesto Participativo Municipal, los 158 ayuntamientos del país movilizaron RD$35 mil millones en varilla y cemento y miles de millones invertidos por los ministerios en servicios públicos, sin que esto se tradujera en una mejora real en la calidad de la gestión ciudadana del Estado.
Asimismo, cada año se otorgan en promedio 6,500 permisos ambientales y 11,850 autorizaciones de no objeción de uso de suelo en los cabildos sin contar con participación comunitaria.
Los datos fueron ofrecidos por especialistas en desarrollo urbano que integran el Colectivo de Investigadores y Consultores Strategius, quienes durante una ponencia destacaron la necesidad de impulsar una nueva etapa de participación social en la República Dominicana, mediante el fortalecimiento de la representación comunitaria en organismos, instituciones y espacios de gestión pública en todas las provincias.
Los expertos señalaron que diversas investigaciones realizadas en las escuelas de posgrado de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) indican que médicos, profesores, municipalistas o ambientalistas, aunque dominen sus respectivas ciencias, presentan bajos niveles de conocimiento en gerencia y gobernanza.
“El Presupuesto Participativo Municipal dominicano ha podido movilizar RD$35 mil millones en 20 años, llenando los barrios de varilla y cemento, sin que las juntas de vecinos hayan mejorado la calidad de su gestión y participación en el desarrollo local”, apuntaron los especialistas. Esta cifra equivale a RD$1,750 millones por año y a un promedio anual de RD$11 millones por cada cabildo.
Pocos avances
Los expertos expertos en temas urbanos consideran que la democracia debe avanzar hacia un modelo en el que la ciudadanía no sea únicamente receptora de servicios públicos, sino protagonista de su mejoramiento, seguimiento, vigilancia social y evaluación.
En tal virtud, propone fortalecer un nuevo poder ciudadano sustentado en la participación organizada, la corresponsabilidad social, la transparencia y el control democrático.
Reynaldo Peguero, CEO de Strategius, indicó que el gran desafío de la democracia contemporánea es superar la separación tradicional entre quienes administran las instituciones públicas y quienes reciben sus servicios.
“La participación social debe dejar de ser una actividad ocasional, protocolar o exclusivamente consultiva para convertirse en un componente permanente de la gobernanza democrática”, sostuvo.
Esta propuesta no plantea crear un cuarto poder constitucional ni sustituir las atribuciones de las autoridades electas o designadas, sino consolidar una fuerza ciudadana organizada, institucionalizada y con capacidad de incidir en las decisiones y los resultados institucionales.
Para el colectivo, los instrumentos a manos demuestran que la participación ciudadana no es una concesión graciosa de los funcionarios, sino un mandato legal que debe traducirse en mecanismos concretos de actuación. En el plano internacional, la propuesta coincide con las directrices de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y laOrganización Mundial de la Salud (OMS), que en mayo de 2024, la 77.ª asamblea mundial de la salud aprobó una resolución sobre participación social para la cobertura sanitaria universal.
Pasar del protocolo a la acción
La organización enfatizó que los líderes comunitarios no deben ser convocados únicamente para inauguraciones o actos conmemorativos, sino, para observar, preguntar, proponer y dar seguimiento a los compromisos oficiales. Plantea que la democracia no debe agotarse en el voto cada cuatro años, sino ejercerse diariamente desde hospitales, escuelas, ayuntamientos y comunidades donde se toman las decisiones que afectan la vida de la población. Expresa que el objetivo no es debilitar al Estado, sino fortalecerlo mediante una ciudadanía que proteja los recursos públicos.
