La Constitución de la República establece como una de las principales atribuciones del Congreso Nacional, la de supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Ésta, entre otras competencias, define claramente el rol que tiene el órgano legislativo en materia de fiscalización y control del Estado. Velar por la eficiente administración de los recursos públicos y la calidad de las políticas públicas, es una función esencial del Senado y la Cámara de Diputados.
Si tomamos en cuenta estas disposiciones constitucionales, uno se pregunta dónde se encontraba el Congreso mientras se producía el déficit fiscal más grande y escandaloso de la vida política nacional. Un déficit que se viene generando desde el 2008 y que sólo este año alcanzará la magnitud del 8% del PIB. ¿A cuáles ministros, viceministros o directores, citó el poder legislativo para pedirles cuentas sobre la ejecución presupuestaria o los actos de su administración, tal y como lo establece la Constitución? ¿Cuáles interpelaciones a funcionarios hicieron los senadores y diputados por el dispendio y mal uso del dinero del Estado y por el establecimiento de prioridades de gasto que están totalmente alejadas de las necesidades de la gente?
Justificarán los honorables legisladores el no haber tenido tiempo para cumplir con estos mandatos constitucionales, pues han estado muy ocupados en el desempeño de otras tareas que entienden más relevantes. Cómo trabajar para que la salud pública de calidad sea garantizada como un legítimo derecho al que todos y todas tienen acceso, cuando están tan ocupados en sus comunidades pagando recetas médicas, dando servicios de ambulancias y distribuyendo cajas de muertos. No pueden legislar y fiscalizar para que mejore la educación básica en el país, con el 4% incluido, si gran parte de su tiempo lo dedican a regalar, con dinero del pueblo, útiles escolares y becas a los hijos de sus representados.
Cómo ejercer un control legislativo sobre la ejecución presupuestaria, cuando el desorden fiscal beneficia a los propios legisladores, a través de barrilitos, cofrecitos y exoneraciones. Privilegios estos, que disfrazados de supuesta ayuda social, no solo demandan cuantiosos recursos del presupuesto nacional, sino que desvirtúan el rol del Congreso. Es tiempo ya de que esta distracción legislativa se transforme en una acción legislativa dirigida a ejercer un control efectivo del gobierno y sus instituciones, fiscalizando la forma en que se gasta el dinero público y las prioridades de políticas que se definen. Claro, para ello, el Congreso debe predicar con el ejemplo.
