En los últimos años, el Estado dominicano ha vivido una fiebre reformadora y modernista que supone cambios que si se aplicaran en las instituciones, agencias y empresas públicas, la República Dominicana fuese una maravilla.
Una expresión de lo que decimos es la Ley 107-13, que tiene por objeto “regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad administrativa”, pero especialmente, los deberes y responsabilidades de los servidores con las personas.
Esa ley se aprobó el año pasado. Está inspirada en la reforma constitucional de 2010, pero la realidad es que no guarda ninguna relación con la calidad de los servicios y el trato que la Administración ofrece a las personas.
Sería interesante que los ministros, viceministros, los directores, encargados de departamentos y demás servidores, leyeran esa ley, y especialmente, que empezaran a llevarla a la realidad. Si lo hicieran y aplicaran lo que allí está establecido, la población que acude a las instituciones públicas estaría encantada.
Porque hoy sigue siendo angustiante ir a una dependencia pública por cualquier servicio. Aun sea para pagarlo. Arbitrariedades, abusos, desplantes y mal trato sigue siendo la norma. Nada más hay que entrar a una distribuidora de electricidad a reclamar una sobrefacturación. Comienza en la espera eterna. El oficial que recibe la queja generalmente trata al reclamante en forma displicente. Si no pagas previamente, aún sea una irregularidad del suministro, no tienes derecho a reclamar. Simplemente, no te atienden.
Con el agravante de que es la propia distribuidora la que “investiga” el reclamo, porque el llamado Protecom, Oficina de Protección del Consumidor, es letra muerta. Igual pasa con otras dependencias estatales, más centradas en recaudar que en servir. La información al usuario es un privilegio reservado a los vinculados. Escasas instituciones de servicio público se sienten comprometidas con el público.
Si siquiera el espíritu de la Ley 107-13 estuviera vigente, la Administración Pública sería otra cosa para sus clientes.
