Alcohol y menores

El alcoholismo es una epidemia, y como tal, un serio problema de salud pública. De acuerdo con cifras oficiales, al menos el 42 por ciento de…

El alcoholismo es una epidemia, y como tal, un serio problema de salud pública. De acuerdo con cifras oficiales, al menos el 42 por ciento de la población nacional consume alcohol, obviamente, en gradaciones diferenciadas. Siempre que prevalezca un sentido de moderación, suele ser parte de las relaciones sociales.

El liberalismo que impera en estos tiempos, extendido al seno familiar, que raya en la irresponsabilidad, posibilita que el alcohol, reservado  bajo reglas y  autocontroles a los adultos, termine en manos de menores de edad.

¿Qué circunstancias propician esa práctica? Generalmente, padres que no están atentos a sus deberes con los hijos. Muchachos que muy tempranamente se vuelven adultos, porque las precariedades del hogar los impulsan a las calles o al mercado laboral, y “libres” de las ataduras familiares, se autogobiernan.

Es llamativo que de los adultos consumidores de alcohol, el 75% se inicia durante la adolescencia, y de ellos, el 8 por ciento a muy temprana edad, antes de los 13 años. Esa inclinación, según registros, tiende a incrementarse.

Otro elemento inquietante es que más del 90 por ciento de los que terminan en un centro de regeneración, como Hogares Crea, pasa por el consumo de alcohol, que suele ser el camino hacia drogas duras, letales. Sólo en los últimos dos años, 145 menores, muchos de 8 años en adelante, han entrado a programas de rehabilitación y apenas un 12 por ciento los terminan.

El alcohol entre los menores tiene secuelas negativas, como agresividad y violencia, deserción escolar y predisposición para delinquir. Ni hablar del impacto en la salud.

Si bien la ley 136-03 prohíbe taxativamente la venta de alcohol a menores, y los comerciantes la han convertido en letra muerta, la realidad es que la única forma de evitar todos los trastornos a que conduce el alcoholismo, especialmente entre los jóvenes, es mediante el ejercicio de una paternidad responsable y una mejoría de las condiciones materiales de las familias, mediante políticas públicas más inclusivas.

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