La República Dominicana empeoró este año en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2013) elaborado por Transparencia Internacional y presentado por su capítulo nacional, Participación Ciudadana. En una escala de 0 a 100, donde el 0 indica una percepción de niveles muy altos de corrupción y 100 da cuenta de un país percibido como muy transparente, el nuestro aparece con un puntaje de 29, es decir, afectado por una corrupción alarmante. Ocupamos la posición 123 de 177 países evaluados y somos considerados como uno de los países más corruptos del continente americano.
Diversos índices internacionales, entre ellos el IPC 2013, dan cuenta del retroceso o de los pocos avances en materia de luchas contra la corrupción. Esto se da, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno. Se recuerda la presentación del Código de Pautas Éticas con el que se comprometieron los principales funcionarios gubernamentales y la emisión del decreto 499-12 sobre la austeridad del Estado. Por otro lado, se han llevado a cabo un conjunto de medidas para dotar de una mayor transparencia los procesos de contrataciones públicas en importante áreas del Estado.
A lo anterior se suma el hecho de que durante la gestión del gobierno actual no se conocen de escándalos importantes de corrupción. ¿Qué explica entonces que la República Dominicana haya retrocedido este año en el IPC de Transparencia internacional?. La primera razón tiene que ver con la permanencia en el gobierno de una serie de funcionarios que, durante la administración anterior, habían sido cuestionados por actos de corrupción. Esto generó desconfianza en la disposición real de enfrentar el flagelo de la corrupción.
La situación anterior se agravó con el conocimiento del alarmante déficit fiscal del año 2012. Tal irresponsabilidad en el manejo fiscal, su impacto y la consecuente reforma tributaria, generaron las más importantes movilizaciones sociales en el país en contra de la corrupción. La ciudadanía demandó que los principales funcionarios del gobierno anterior fueran investigados respecto al déficit, pero esta demanda no fue escuchada. La sensación de frustración aumentó ante la posición oficial de no investigar la corrupción pasada.
Durante este último año, el sistema judicial dominicano ha dado prueba fehaciente de su incapacidad de actuar de manera autónoma al poder político, en la investigación y sanción de la corrupción. En síntesis, La percepción de altos niveles de corrupción crece, porque el régimen de impunidad prevalece. Mientras esto sea así, no serán suficientes los esfuerzos que realiza el gobierno, pues la transparencia debe ir siempre de la mano de la lucha contra la impunidad.
