Es de justicia reconocer que Danilo Medina quiere sacar el país del atolladero en que lo metieron en el 2010. El proyecto de naturalización que ahora el Presidente trata de consensuar debió nacer con la última reforma constitucional.
El país habría ganado mucho más respeto internacional. Hay que decir que la sentencia 168-13 es la solución a la invasión pacífica que sufre la República Dominicana desde Haití. El procedimiento es legítimo, correcto, si su aplicación parte de cero. La soberana y libre decisión de regular los derechos de los extranjeros, especialmente los haitianos, habría caído como anillo al dedo. La evidente falla estuvo en dejar intacta la aplicación a partir de 1929, y negar la nacionalidad a aquellos que ya la tenían adquirida, que por lo visto no son muchos haitianos ni mucho menos extranjeros de otros orígenes étnicos.
A sabiendas de que el talón de Aquiles de la política exterior dominicana ha sido siempre el problema haitiano, había que enfocar el tema en la Constitución con mucho más cuidado y rigor jurídico. Desde la Era de Trujillo, la República Dominicana marcha a la defensiva con el tema haitiano. El descrédito internacional fruto de la matanza del dictador Rafael Leonidas Trujillo, en 1937, y de las contrataciones irregulares de braceros haitianos. Y sobre todo por la falta del más eficiente control fronterizo de la entrada ilegal de extranjeros. La firma del Concordato, donde Trujillo le entregó a la iglesia católica todos los privilegios en el culto a la religión católica, es la resultante de su búsqueda desesperada de respaldo internacional ante la maltrecha situación en que dejó el país la matanza de haitianos. Trujillo quería comprar apoyo de la iglesia y de esa manera lo consiguió. Al sentar el país en el banquillo de los acusados, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenaría al país a una sanción moral, más que económica o jurídica. El hecho es irrelevante, ante los defensores a capa y espada de la sentencia. La verdad es que puede tener consecuencias financieras en el intercambio comercial con otras naciones de América Latina y el Caribe. Ya hemos visto el comportamiento de Venezuela, el país que nos vende el petróleo a precio preferencial. El presidente Nicolás Maduro ha hablado claramente de su solidaridad abierta y franca con Haití. No es probable que el asunto llegue tan lejos, como sería el corte del suministro de petróleo, pero hay una amenaza latente de enfriamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales en aquellos países del Caribe que ven mal y condenan la aplicación de la sentencia 168-13 que ignora la nacionalidad de los hijos de extranjeros -haitianos- ilegales. Es de vital importancia que expertos en derecho provean la mejor ley de naturalización. Un paso en falso podría significar un golpe muy duro para el Gobierno y el Estado dominicano. Es correcta la consulta del presidente Medina, que no es abogado, sino economista y político. Medina simplemente heredó esa situación del gobierno anterior de su partido. Lo que nadie entiende es que siendo Leonel Fernández el intelectual y jurista que es, no advirtiera las consecuencias de esa mala reforma constitucional.
