Con la crisis del neoliberalismo, las políticas de desarrollo productivo han vuelto a la palestra. La promoción directa de la actividad productiva ya no sólo no es una mala palabra, sino que se está volviendo un imperativo.Simultáneamente, en años recientes se ha venido relevando la importancia de contar con gobiernos locales con capacidad de definir y aplicar políticas en ámbitos más allá de los habituales.
Las políticas de desarrollo productivo no son una excepción. Existe un creciente consenso de que en un conjunto de áreas, los gobiernos locales pueden ofrecer un complemento crítico a las políticas de los gobiernos centrales.
En el caso dominicano, un esfuerzo en esta dirección implicaría un giro importante, porque las políticas de desarrollo productivo se han pensado como de la exclusiva competencia del Gobierno central. Sin pretender agotar la lista, hay al menos ocho áreas en las que los gobiernos locales tienen espacios para promover la producción y el empleo.
Primero, en una política de ordenamiento del territorio que oriente y reglamente la ubicación de las actividades productivas y que propicie un adecuado uso del suelo y del espacio. Los problemas de aglomeración urbana y el caótico desarrollo de muchas ciudades han hecho esto evidente.
Segundo, en la educación, la capacitación y el aprendizaje. El desarrollo es, en mucho, un proceso de aprendizaje. Siendo así, la educación y la capacitación son claves para el cambio. En este aspecto, los gobiernos municipales en muchas partes del mundo, especialmente en los países de mayor tamaño y de gestión pública más descentralizada, tienen una importante experiencia acumulada.
Tercero, en el fomento de alianzas empresariales territoriales y sectoriales. Las alcaldías están en una posición privilegiada para ello. La aglomeración de negocios en determinados espacios constituye una de las fuerzas más destacadas que impulsan un crecimiento continuado de la producción y la inversión por las sinergias que se generan entre éstos.
Cuarto, en el desarrollo de la infraestructura local. La debilidad en la infraestructura pública es uno de los desalientos más fuertes de la inversión.
Esta es un área de intervención relativamente convencional para los gobiernos municipales, aunque en el país la falta de recursos y el clientelismo la han limitado.
Quinto, en la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. Los gobiernos locales tienen elevadas responsabilidades en esta área. Además de lo que esto implica en términos de la regulación y su cumplimiento, se trata de una oportunidad para promover actividades cuyas potencialidades dependen de sus prácticas ambientales, como el turismo ecológico o la producción orgánica. Las alcaldías pueden jugar roles relevantes en el cumplimiento de estándares ambientales certificables que garanticen una sostenibilidad de la demanda.
Sexto, en la promoción de la cultura y de la industria cultural. Muchos territorios tienen manifestaciones culturales que les identifican. Con una participación de los gobiernos locales que garantice el pleno ejercicio y disfrute de ellas por parte de la población, pueden ser explotadas comercialmente, generando actividad económica y empleos.
Séptimo, en la promoción de la organización de pequeños productores urbanos y rurales. Como lo demuestra la experiencia rural, frecuentemente, las organizaciones de productores son críticas para el desarrollo de los pequeños emprendimientos. Por ello, el fortalecimiento de esas organizaciones es un espacio en donde las alcaldías pueden jugar un rol constructivo.
Octavo, en la promoción de la cohesión social y de la identidad local. Esto fortalece la autoestima del colectivo, la cual se proyecta sobre las actividades económicas impulsadas desde el territorio. El impacto de la autoestima está documentado en diversas experiencias de desarrollo rural.
Como se ve, los gobiernos municipales tienen espacios para hacer políticas de desarrollo productivo que contribuyan a una expansión de la base material. No obstante, además de superar las enormes carencias de recursos financieros y capacidades técnicas e institucionales, aprovecharlo supondría un cambio significativo en la forma en que opera el Estado a diferentes niveles. Y antes que todo, implica transformar la dinámica de la política y del quehacer de los partidos hacia una que les vincule orgánicamente a la sociedad, expresando sus aspiraciones y sus contradicciones. l
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