Producto de la decisión del Gobierno de eliminar el irritante subsidio a los empresarios del transporte, la Cámara de Cuentas anunció que realizará una investigación pormenorizada para determinar el uso que se le daba a esos recursos.
La presidenta del organismo, Licelott Marte de Barrios, dijo que esta iniciativa surge luego de denuncias que cuestionan la mala idea de subsidiar el combustible que usan los transportistas. Paralelo a este esfuerzo, los mal llamados “dueños del país” no cesan en sus gestiones ante el Poder Ejecutivo, para que sea derogada la disposición impulsada por Industria y Comercio. Esto sin dejar de lado sus amenazas de que, de persistir esta medida, su venganza será aumentar las tarifas de pasajes y el costo del transporte de carga.
Todos conocen ya que esta injustificada actitud complaciente hacia los multimillonarios empresarios del sector transporte inició en el 2011. Cada año, el Gobierno les otorgaba beneficios en galones de combustibles que ascendían a unos 4,000 millones de pesos. Para tener una idea del absurdo de este subsidio, manejo el dato de que en una de las zonas turísticas más influyentes de este país, y donde el costo del transporte es bastante caro, los amos y señores transportistas fueron favorecidos con 440 millones de pesos en tan solo seis años. Así, como si nada, y como si viviésemos en un país sin un marco constitucional y jurídico, de manera antojadiza y desafiante, choferes de las diferentes organizaciones de transporte han realizado aumentos en las tarifas de los pasajes.
Algunos lo hicieron de manera unilateral, sin ni siquiera preguntar a los gremios a los cuales pertenecen, y otros autorizados por los sindicatos a los que están afiliados. Y que a nadie se le ocurra pensar que las instituciones estatales facultadas para disponer aumentos de pasajes fueron consultadas.
Se trata, pues, de una situación que el Gobierno y la sociedad no pueden asumir como uno de esos temas que adquieren categoría de piezas de moda, que llegan y pasan para dar paso a otros nuevos, dejando de lado la profundidad de los mismos.
Sin aventurarme a usar un término más categórico, me atrevo a decir que no conozco algún otro Estado donde exista un desorden en el transporte público y de cargas como el de República Dominicana. En el mundo que gobiernan de forma absoluta los transportistas, no existen reglas de juego claras, y las autoridades lucen impotentes ante estos emperadores, al menos para recordarnos a todos que sí somos una sociedad que se rige por leyes y normas, que todos, estamos obligados a cumplir.
Aplaudimos y nos inclinamos ante el arrojo del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, de quitarle los odiosos favores a los monopolistas del transporte. Ahora, manos a la obra para no ceder al chantaje de estos reyes.
