Con parches no

En julio de 2012, al menos cincuenta miembros  de la compañía de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís se “movilizaron” armados  y acudieron al Palacio de Justicia, y sacaron de la cárcel de esa jurisdicción a uno…

En julio de 2012, al menos cincuenta miembros  de la compañía de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís se “movilizaron” armados  y acudieron al Palacio de Justicia, y sacaron de la cárcel de esa jurisdicción a uno de sus compañeros, detenido por el cargo de asesinato.

Esos hechos escandalizaron a la opinión pública, que vio atónita las imágenes de esos uniformados corriendo hacia el recinto judicial. Nunca se supo con propiedad si los participantes purgaron los castigos.

Otras noticias estremecedoras que involucran a policías han sucedido. En octubre pasado la actual jefatura suspendió y abrió una investigación a 24 agentes  por sus vínculos con narcotraficantes de Higüey, provincia La Altagracia. Entre ellos, dos tenientes, cinco sargentos, cuatro cabos y 13 rasos.

La Fiscalía del Distrito Nacional reveló ayer que entre septiembre y diciembre de 2012 y durante el año que acaba de transcurrir, procesó 446 casos de policías y militares por delitos diversos.

Lo ocurrido en Dajabón, que la jefatura policial no termina de aceptar, es otro indicador de lo que está pasando en esa institución. Es imposible que varios medios de comunicación coincidan exactamente con la misma versión de los hechos: la dotación de esa provincia rechazó el traslado a Mao. Es más que evidente que ahí hubo un estado de rebeldía.

No contribuye en nada a mejorar la situación del cuerpo policial pretender ignorar lo que ha sido un hecho conocido en esa población. Lo correcto sería investigar por qué la jefatura no tiene una versión precisa, que le permita informar con propiedad.

No es que dos agentes del poblado rechazaron el traslado; no  es que la orden del traslado no se comunicó oportuna y correctamente. La realidad es que hubo un incidente serio e inocultable que requiere otro tratamiento de cara a la sociedad.

Estos hechos obligan recordar que aún está pendiente una profunda reforma policial. Y eso es válido para la Jefatura, para el Ministerio de Interior y para el Presidente de la República. Ese proceso debe ser agotado, y a fondo, no con parches. l

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