El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó este jueves que la Ley General de la Competencia es una herramienta indispensable para garantizar la libre competencia, pero que para que esto ocurra la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) debe ser habilitada para el inicio de sus operaciones.
La entidad sostuvo, a través de una nota de prensa, que a la fecha esta Comisión no ha entrado en el ejercicio de sus funciones, pues no ha sido posible que se nombre el Director Ejecutivo de la misma y en la actualidad su Consejo Directivo se encuentra incompleto, siendo estos requisitos esenciales para que la Ley General de la Competencia entre en vigencia, de conformidad con lo establecido en su artículo 67.
El Conep hizo un llamado para que en el inicio de las labores de Procompetencia prime la objetividad, la transparencia y la imparcialidad, teniendo como único objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, de forma equitativa frente a todos los actores involucrados.
Al referirse a las declaraciones del embajador de la Delegación de la Unión Europea, Alberto Navarro, la entidad las calificó como lamentables y manifestó que lo que se debe buscar es la correcta aplicación de las políticas públicas, en lugar de realizar acusaciones particulares y personalizadas.
El Conep como principal organización empresarial del país, señaló que desde su creación en el año 1963, sus estatutos establecen como uno de sus principales objetivos institucionales, velar por la defensa de los derechos a la libertad de empresa, por lo cual ha hecho varios pronunciamientos y gestiones para promover la puesta en funcionamiento de Procompetencia. El gremio citó de manera específica las declaraciones hechas por el Presidente de la entidad, Rafael Blanco, durante una visita realizada a la Presidenta del Senado de la República, licenciada Cristina Lizardo, el pasado 5 de febrero del 2015.
La entidad señaló que los obstáculos que se presentan para la puesta en funcionamiento de Procompetencia son el resultado de la falta de toma de decisiones que corresponden al Estado dominicano y a varias de sus entidades.
