Lograr que el marco institucional y el clima empresarial en América Latina propicien la competencia, el comercio y la inversión podría ayudar a cerrar la gran brecha que sus niveles de productividad presentan respecto de las economías avanzadas. Ello también podría impulsar la participación en las cadenas de valor regionales y mundiales, permitiendo que más agentes económicos, y en concreto las pymes, se beneficien de las ventajas del comercio. También existe margen para llevar a cabo reformas bien diseñadas del mercado de bienes que promuevan la competencia a fin de mejorar la inclusión social, directamente reduciendo los precios que las personas más pobres pagan por bienes básicos e indirectamente por medio de un mayor crecimiento económico que eleve los ingresos de todos los hogares.
Las cadenas de valor mundiales han hecho posible la participación en el comercio internacional sin necesidad de desarrollar un producto o una cadena de valor completos, así como de aprovechar el conocimiento de empresas a la vanguardia de la tecnología, «aprendiendo con la práctica». Sin embargo, América Latina no ha logrado aprovechar plenamente estas oportunidades, y ha registrado una limitada participación en las cadenas de valor. Los eslabones de las cadenas de suministro intrarregionales son especialmente débiles: en promedio, sólo el 9% del valor agregado extranjero utilizado en exportaciones procede de la región, frente a 49% en el caso de la Unión Europea y 40% en el sureste asiático.
Los contextos económicos y geográficos difieren considerablemente en el seno de la región y los distintos países latinoamericanos desempeñan funciones complementarias en las cadenas de suministro regionales y mundiales. México y Costa Rica y, en general, otros países centroamericanos geográficamente más próximos a los centros de producción de América del Norte, presentan una mayor dependencia de insumos extranjeros procedentes principalmente de esa región y cada vez más de Asia. Estos países geográficamente más próximos se especializan en transformar los insumos para la reexportación, sobre todo hacia América del Norte. La importación para la transformación es menos frecuente en Chile y mucho menor en Argentina, Brasil y Colombia. Estos países, junto con otros de América del Sur, tienden a especializarse más intensamente en la exportación de productos intermedios basados en recursos naturales procesados en el extranjero, crecientemente en Asia.
De hecho, la proporción de insumos extranjeros procedentes de China que se utilizan en las cadenas de valor de América Latina se multiplicó por diez entre 2000 y 2011, mientras la de insumos de América Latina presentes en las cadenas de valor chinas se triplicó, lo cual muestra el dinámico crecimiento de las cadenas de valor extra-regionales.
Maximizar las oportunidades para un crecimiento que mejore la productividad mediante una mejor integración en las cadenas de valor mundiales requiere un entorno regulador y de negocios propicio, el acceso a insumos de alta calidad en los sectores manufacturero y de servicios, así como capital humano e infraestructuras adecuados (Secciones 2 y 6). Esta complementariedad, y el hecho de que el comercio regional tienda a ser más diversificado y estable, apuntan de manera prometedora hacia una mayor integración regional.
Por ejemplo, existen ya 68 acuerdos comerciales preferenciales (ACP) en los que participa al menos un país latinoamericano, siendo 32 de dichos acuerdos intrarregionales. Sería útil consolidar y armonizar esta compleja red regional de ACP a fin de reducir solapamientos, duplicidades y conflictos entre regulaciones y normas técnicas diferentes. La Alianza del Pacífico es una iniciativa notable en este sentido. El Índice de Restricción del Comercio de Servicios de la OCDE (STRI), en el que están representados Brasil, Chile, Colombia y México, indica que algunos países de la región se beneficiarían de converger hacia mejores prácticas liberalizando aún más sus sectores de servicios y priorizando otros como el transporte, las telecomunicaciones y los servicios de mensajería, que son cruciales para la integración en las cadenas de valor mundiales. Colombia ya se cuenta entre los países con mejor desempeño en este sentido, con mínimas restricciones en 5 de los 18 sectores medidos, e inferiores al promedio en 17.
Reducir las barreras al comercio internacional contribuiría a una mayor productividad, ya que la competencia con proveedores extranjeros alentaría a las empresas a ser más eficientes. Las mejoras en las áreas de facilitación del comercio y logística, calidad de las infraestructuras e instituciones, protección de la propiedad intelectual, desarrollo de la fuerza de trabajo y creación de un sector servicios eficiente y un entorno empresarial favorable a la innovación también facilitarían esa integración en las cadenas de valor mundiales.
La inversión extranjera directa constituye otra dimensión importante de la integración en las cadenas de valor mundiales. En general, América Latina ha disfrutado de unas altas tasas de crecimiento de la IED – muy concentradas en sectores de recursos naturales- y por lo tanto expuestas a los ciclos de las materias primas. La fuerte caída de los precios de estas últimas ha afectado de manera significativa las inversiones en numerosos países ricos en recursos naturales: después de años de crecimiento sostenido, los flujos de IED hacia América Latina se redujeron un 16% en 2014, más que la contracción media mundial de 7%. La diversificación y sofisticación de la IED es, pues, una prioridad acuciante para la región. La IED podría presentar también un componente significativo de desarrollo en la medida en que respalde la integración de las pymes en las cadenas de valor mundiales y establezca centros de I+D. Aunque los países latinoamericanos suelen estar abiertos a la IED, el Índice de Restricción Regulatoria a la IED de la OCDE sugiere que también en este ámbito existe margen para liberalizar más las políticas en algunos mercados, como México y Brasil, sobre todo en sectores de servicios como el transporte. Otros países, como Chile, también están desarrollando estrategias para promover la inversión. Estas podrían ayudar a atraer IED, pero exigen coherencia, transparencia y una evaluación rigurosa del programa de políticas.
Fortalecer el marco de competencia puede impulsar la productividad, y al mismo tiempo promover la inclusión social, reduciendo el precio de los bienes básicos para los hogares. Fomentar la competencia en los mercados de productos en sectores como las telecomunicaciones, alimentación y distribución comercial puede impulsar la productividad aumentando la eficiencia en la asignación de recursos.
Reformas favorables a la competencia incluyen, por ejemplo, eliminar o rediseñar regulaciones u otras formas de intervención pública que restrinjan innecesariamente la competencia, sobre todo cuando dificulten la entrada de nuevos competidores al mercado. Tales regulaciones del mercado de productos tienden a ser más restrictivas en América Latina que en países de la OCDE (Gráfico 4.1). En la medida en que son principalmente las empresas jóvenes las que aportan crecimiento en puestos de trabajo y empleo, los obstáculos regulatorios y de otro tipo a la entrada de nuevas empresas resultan particularmente perjudiciales para las perspectivas de crecimiento. Además, al limitar la competencia en el mercado de productos, unas elevadas barreras de entrada también desincentivan a las empresas ya establecidas de invertir en productos y servicios innovadores. Hay signos de progreso, sin embargo, y países como México están abriendo algunas de sus industrias de red a la IED con el fin de elevar la productividad y reducir los precios. El potencial que estas medidas favorecedoras de la competencia tienen de mejorar los resultados de integración social es evidente, por ejemplo, en un estudio de la OCDE sobre México, el cual muestra que el efecto relativamente negativo del poder monopólico es mayor entre los hogares pobres (Urzúa, 2013).
Los intereses creados en torno al statu quo pueden condicionar o influir indebidamente la formulación de políticas, con el propósito último de entorpecer estas reformas y mantener así sus rentas. De hecho, algunos costos pueden ser el resultado de un diseño deliberado para crear rentas por medio de la captura de regulaciones y políticas. El problema se ve agravado por la alta desigualdad y concentración del poder político y económico que históricamente ha caracterizado a los países latinoamericanos. En comparación con las economías de la OCDE, las empresas de América Latina consideran en mucha mayor medida que la corrupción y el sistema judicial constituyen una limitación importante para hacer negocios (Dougherty, 2014). A su vez, la corrupción real o percibida tiene, entre otros, efectos medibles sobre la productividad, el comercio internacional y la IED (Lambsdorff, 2006). Esto subraya la urgente necesidad de adoptar medidas que mejoren la integridad del sector público y reduzcan al mínimo los riesgos de corrupción.
– Consolidar y armonizar los acuerdos comerciales Preferenciales (ACP) intrarregionales y apoyar iniciativas globales para liberalizar el comercio.
– Priorizar una mayor liberalización de la IED en sectores —sobre todo de servicios como el transporte— cruciales para la participación en las cadenas de valor mundiales.
– Considerar estrategias coherentes y transparentes de promoción de las inversiones con el objetivo de atraer inversión extranjera diversificada y de alta calidad.
– Reducir barreras a la iniciativa empresarial, el comercio y la inversión para fomentar la competencia.
– Tomar medidas para fortalecer el Estado de derecho y erradicar la corrupción en los sectores público y privado.
