Defender los derechos del consumidor implica garantizar la equidad y la seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios.
Pro Consumidor, creado por la Ley 358 en el año 2005 y que en ocasiones ha sido muy activo en los medios para abordar temas populares como el salami, el azúcar, los medicamentos, entre otros (en ocasiones injustificadamente), brilla por su ausencia en la resolución de numerosos abusos rutinarios y abiertos que la ley no excluye, pero que simplemente no persigue.
Para comprobar a diario publicidad engañosa, ofertas mentirosas y falsos especiales que se difunden en los medios no hay que ser técnico, simplemente ir como cliente a bancos, tiendas y supermercados para constatar violaciones a la ley. Extrañamente, de cosas que la mayoría notamos con frecuencia sin necesidad de investigarlas el organismo rector ni siquiera se da por enterado.
El servicio al cliente en términos generales es pésimo en República Dominicana, pero a pesar de contar con normativa adecuada no se ha utilizado con responsabilidad para provocar mejorías en algo tan esencial.
Nada se ha hecho para perseguir y sancionar el cobro de servicios no brindados como el suministro de energía eléctrica. No se ha jugado un rol activo en atacar lesivos pero habituales contratos de adhesión. Y definitivamente no se han tomado medidas que procuren la aplicación de las leyes para impedir las condiciones que dan lugar a la generación y sostenimiento de monopolios que degeneran en abusos de posiciones dominantes y con ello a su vez en excesiva fijación de precios en perjuicio directo del consumidor.
Con los atropellos de las telefónicas el instituto se lava las manos y remite al Indotel a quienes se quejan, a pesar de que la ley no lo exceptúa de su radio de acción.
En la práctica, las redes sociales son herramientas mucho más eficaces en este país para combatir a las empresas abusadoras que la institución llamada a encargarse de esto, algo que sin dudas debe causar preocupación.
La protección al consumidor tiene gran importancia por el impacto que ello conlleva en la calidad de vida de las personas. Dicha protección, sin embargo, debe llevarse a cabo mediante mecanismos efectivos y verdaderamente conducentes a resolver los problemas e injusticias y no simplemente a enriquecer y adornar discursos.
Hablar de proteger al consumidor no debe tratarse de propuestas demagógicas, sino de lograr el cumplimiento de normas que pretenden un libre comercio saludable para evitar abusos reales.
