Los patronos piden limitar la cesantía a un tope de tres años de servicios, con una base de cálculos de cuatro salarios cotizables en la Seguridad Social, mientras que las centrales sindicales proponen que los trabajadores cuyos contratos terminen por jubilación o retiro reciban una compensación equivalente a las prestaciones correspondientes al desahucio.
Los empleadores buscan que el período de prueba de un empleado suba de tres a seis meses y que se incluyan las agresiones a clientes y relacionados como causas justificadas de despidos, en tanto los sindicatos quieren que se aumente de 15 a 30 días el plazo para un trabajador dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión por cualquiera de las causas que indica el artículo 97 del Código Laboral, y que se agregue como causa justificada de dimisión, que el empleador incumpla el pago de la Seguridad Social.
Esas posiciones distanciadas son parte del ambiente montado en torno a las discusiones para modificar el Código de Trabajo (CT), una iniciativa demandada por los empresarios y aceptada con reservas por los sindicatos, que alegan que es la primera vez que los patronos plantean cambiar la legislación laboral. Han dicho que por esa sola condición, ya el sector laboral tiene sospechas.
Protección
“Es función inalienable del Estado, propiciar las condiciones para que segmentos cada vez más amplios de los trabajadores accedan a la protección que rindan las leyes laborales y las de seguridad social”, dice un párrafo del documento “hacia una reforma laboral que promueva el empleo formal”, presentado por el sector patronal, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
En su propuesta “para la revisión del Código de Trabajo”, la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantean que se acogen al principio V del Código de Trabajo que dice que “los derechos reconocidos por la ley los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional”, y que “es nulo todo pacto en contrario”.
En tanto, el grupo de organizaciones sindicales liderado por el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) que preside Rafael (Pepe) Abreu presentó un pliego de desaprobaciones y aprobaciones completas y parciales al anteproyecto de reforma al Código de Trabajo presentado por la comisión de técnicos designada por el Poder Ejecutivo.
Ese documento está en desacuerdo en 97 aspectos del anteproyecto, acoge totalmente otros 77 y parcialmente 22.
Uno de los “no estamos de acuerdo” es al texto propuesto que limita el número de horas extraordinarias a ochenta trimestrales, y el grupo CNUS propone “mantener el texto actual”.
Por los senderos que transitan las sugerencias sectoriales, se anticipa que lograr el consenso—condición planteada por el presidente Danilo Medina para someter al Congreso una propuesta de modificación del Código de Trabajo—habrá que discutir mucho y zanjar diferencias de fondo y de forma entre los patronos y los representantes de los trabajadores.
De las posiciones planteadas originalmente por los patronos, no todas fueron incorporadas al proyecto que la comisión presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, busca consensuar.
El sector sindical liderado por el CNUS considera que la comisión designada por el Poder Ejecutivo para tratar el tema “debe convocar a un diálogo tripartito para que en el mismo se trate de encontrar fórmulas de avenencias aceptables a los actores sociales”.
Uno de los primeros “no estamos de acuerdo” de las centrales es la propuesta de que no estén regidos por el Código los profesionales liberales, técnicos y trabajadores por cuenta propia, comisionistas y corredores, los asociados por contrato, los arrendatarios ni los agentes ni representates de comercio. l
CONEP cree el Código estimula informalidad
“Si en los últimos años la economía dominicana se ha informalizado de manera dramática significa que existen elementos claros que promueven ese negativo proceso. La legislación laboral es uno de los principales, sin duda alguna”, expone el CONEP en su documento “Hacia una reforma laboral que promueva el empleo formal”.
Asegura que “ha quedado ampliamente demostrado que la actual legislación laboral impone elevadas cargas económicas a las empresas, limitando el espíritu emprendedor y obligando a miles de negocios a vivir en la informalidad, además de dar cabida y crear condiciones para abusos procesales que hacen desaparecer a miles de pequeñas y microempresas por la acción inescrupulosas de abogados y alguaciles”. Los empleadores buscan cambiar 100 artículos al CT.
