Cuando la “política”, la criolla, la de la interpretación folklórica de la ciencia que tiene como “objeto de estudio propio al poder que se ejerce en un colectivo humano”, se antepone como norma de vida, afecta negativamente la sociedad toda. Es casi un axioma aceptado, que las cosas deben tomarse, cuando este pernicioso elemento está presente, según de quien venga. Esto rompe principios fundamentales de la institucionalidad, factor ausente en casi todos los órdenes de la vida nacional. Percibo que es lo acontecido, con la intención de empresarios de activa vida política, de obtener permisos de explotación de una materia prima, roca caliza, que se encuentra dentro de un área protegida de nuestro endeble sistema ecológico primario. El Ministerio de Energía y Minas, dirigido en esta oportunidad de un abanderado de la institucionalidad, con meridiana conciencia de su papel y los límites a que la ley le obliga, rechaza la solicitud, basándose en que más del 90% del espacio pedido, se encuentra dentro de áreas protegidas, parque y zonas de amortiguamiento, tal como lo certifica Medio Ambiente. Estamos acostumbrados a que el “poder” (cualquiera que fuera) se desplace marginalmente al imperio de la ley, y lo grave es que la propia población acepta como válidos, los resultados de quebrantar la institucionalidad. El darle carácter político, como argumento de campaña opositora, ha resultado un “tiro por la culata”, con resultados contrarios a la intención. Con tecnología al alcance de cualquiera, se definen coordenadas y se ubican puntos georreferenciados, lo que evidencia mentiras que no se perdonan, al ubicar áreas sobre un mapa colocado “asigún” convenga. Quienes diseñaron la estrategia y escogieron el “timing” para lanzar el asunto a la luz pública como “retaliación política”, no contaron con la peculiar madera de guayacán criollo y el “cuero duro” de a quien iban dirigidos los embates directos. No me extrañaría que sus pares del propio gobierno se hubiesen preocupado por su tan certera, oportuna y valiente posición.
El efecto negativo se hace presente, cuando los mismos que se pronunciaron contra la ubicación de una cementera en Gonzalo, que afectaba Los Haitises, notan una intención similar en un área diametralmente opuesta geográficamente, pero de los mismos funestos resultados, previsibles por demás. Estos tienen en sus manos un arma letal, el derecho al voto, cuando entienden incoherente las posiciones de quienes le apoyaron entonces, defendiendo “intereses nacionales”, al torcer sus criterios, por intereses propios. La institucionalidad, extraviada, hace crisis desde hace tiempo, afectando todos los órdenes de la vida criolla. Este ejercicio del MEM, de simple aplicación de la ley en igualdad de condiciones para todos, refleja lo que es posible lograr cuando la institucionalidad es impermeable a los embates de la politiquería autóctona.
