Al concluir su esperanzador discurso de toma de posesión, el presidente Danilo Medina destacó que su guía será la frase bíblica, “por sus frutos los conoceréis” y que por lo tanto, a partir de ese momento hablarían los hechos. El primer hecho en tomar la palabra, generando intranquilidad en la audiencia, fue la repetición de varios funcionarios públicos, a los que no se les conoce capacidad para actuar de manera eficiente y honesta al servicio del Estado.
El segundo hecho en hablar, lo fue el conjunto de medidas tomadas esta semana en el marco del Consejo de Gobierno Ampliado, en relación al Código de Pautas Éticas y al decreto 499-12, sobre austeridad en el Estado.
Este es el lenguaje que deben hablar los hechos para ser coherentes con las promesas del Presidente. Estas medidas contribuyen a que el Estado realice un manejo austero y eficiente de los recursos y a que los funcionarios públicos se manejen con honestidad. Señales como estas, generan la confianza necesaria en la gestión gubernamental y su programa de reformas. Aunque en la ley de Función Pública (41-08) existe un régimen ético y disciplinario de los servidores públicos, es importante que los funcionarios de más alto nivel hayan firmado un código de ética. Es saludable que se reitere el compromiso de los servidores públicos de administrar los bienes del Estado con honestidad, eficiencia y transparencia. Este instrumento hace énfasis en que estos servidores deben evitar el conflicto de interés y negarse a utilizar el tráfico de influencia en el desempeño de sus funciones.
Por otro lado, el plan de austeridad presentado por el Presidente, es una iniciativa que habla el lenguaje de la gente. Este plan busca reducir el enorme gasto del Estado en bienes y servicios innecesarios y la ostentación de los funcionarios en base al dinero público. Es acertado prohibir que las entidades públicas comprometan gastos más allá de su disponibilidad presupuestaria e impedir aquellos gastos originados en fiestas y almuerzos, donaciones en provecho de terceros, tarjetas de créditos y la adquisición de vehículos de lujo.
Lo que se espera ahora es que estas disposiciones no se queden en el olvido y que haya una firme voluntad política para su aplicación. Es importante que se definan claramente los mecanismos de fiscalización para la efectiva implementación de estas medidas y que se establezcan las sanciones correspondientes a aquellos que las violan. En este sentido, la sociedad civil tiene un rol muy importante que desempeñar, de monitoreo y seguimiento a la puesta en ejecución de estas iniciativas.
