El juez de Instrucción de Puerto Plata, Nicolás Severino Saldívar, ha establecido un importante hito en la defensa del derecho de los ciudadanos a libre acceso a la información de las entidades públicas, al ordenar un juicio contra Gabriel Antonio Mora, alcalde del Distrito Municipal Cabarete, por su negativa a entregar la información financiera de ese cabildo.
No es el único caso de ofensa a la sociedad en que se ha visto envuelto Mora, el ya famoso “Canoa”. Antes fue perseguido por la Justicia por rellenar con caliche la laguna de Cabarete, y más recientemente presentó una querella en su contra el chofer Ambiorix, quien lo acusa de haberla emprendido a tiros en su contra la tarde del 15 marzo pasado, cuando junto a otras dos personas pasó en su auto junto a la yipeta de alcalde y éste reaccionó molesto y le hizo tres disparos.
El caso por el que ha sido enviado a juicio se originó en una petición hecha en enero del 2011 por la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (Adeca), para que el ayuntamiento entregara una serie de informaciones relacionadas con el manejo financiero y sobre diversos contratos de la administración municipal.
Mora Ramírez, quien se comporta como si la comunidad fuera su finca, contando para ello con la protección de los jefes políticos de Puerto Plata, no atendió esta solicitud, desconociendo la ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Adeca pidió protección de la Justicia frente a este cacique incontrolable y el 6 de abril del 2011, el tribunal ordenó a Canoa “rendir toda la información pública requerida”; le concedió un plazo de cinco días para hacerlo y le impuso una multa de 2 mil pesos por cada día sin cumplir la decisión del tribunal.
Canoa desobedeció a la corte y Adeca se querelló en mayo del 2011, pero la Fiscalía de Puerto Plata protegió a Canoa y no actuó, lo que motivó al pequeño empresario Michel Gay-Crossier, dirigente de Adeca, a presentar querella como actor civil, y el Juzgado de Instrucción decidió que existen suficientes pruebas para enjuiciar al cacique de Cabarete.
El artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública establece que el “funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.
Las organizaciones sociales, empresariales y medios de comunicación deberían interesarse en este caso y ser solidarios con los pequeños empresarios de Cabarete que acuden a la Justicia para detener a un poder político corrupto.
