Hace unos meses, la República Dominicana solicitó su incorporación a la Asociación de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) promovida por los Estados Unidos y Brasil en el marco de la Asamblea General de la ONU, realizada en Nueva York en septiembre del pasado Año. El próximo mes de abril, el Gobierno dominicano participará de una cumbre de la OGP que se realizará en Brasilia, por lo que entendemos propicio realizar algunas reflexiones al respecto.
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha contribuido no solo a mejorar la comunicación entre las personas alrededor del mundo, gracias al uso masivo de las redes sociales, sino que ha hecho posible tener acceso ilimitado a fuentes de información en cualquier área del conocimiento.
Para nadie es un secreto el importante impacto que ha tenido la Internet en nuestros países. Sin embargo, el reto sigue siendo cómo los Estados hacen un uso más efectivo de las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de servicios a sus ciudadanos y ciudadanas. El uso de las TIC en las dependencias estatales, conocido como E-gobierno o gobierno electrónico, hace posible además la puesta en práctica de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas.
En la actualidad se habla de una apuesta mayor, la cual está referida a la necesidad de promover gobiernos abiertos como una forma de mejorar la calidad de la democracia. Esta apertura gubernamental supone una redefinición de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Demanda de nuevos procesos dirigidos a mejorar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y a propiciar una mayor responsabilidad, transparencia y eficacia de la gestión gubernamental.
En nuestro país se requiere de una efectiva voluntad política para hacer realidad el contenido de la declaración sobre Gobierno Abierto, en la que los 52 países miembros de la OGP se comprometen a promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales, a apoyar la participación ciudadana y a tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción.
Las nuevas tecnologías deberían facilitar estos procesos. Sin embargo, para ello debe existir un claro compromiso del Estado de reducir la brecha digital que aún existe en nuestro país y que impide el acceso a Internet a amplios sectores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. De no ser así, muy difícilmente se logrará una participación activa de la ciudadanía y podríamos estar frente a nuevas formas de exclusión.
