Recientemente se ha difundido en los medios un incidente ocurrido en un bar de la capital relativo a la restricción de admisión al lugar a ciertas personas.Se han hecho protestas en las redes sociales, artículos y manifestaciones para denunciar lo que muchos entienden es discriminación por conllevar una presunta violación a la igualdad.
El tema, sin embargo, no se ha enfocado con rigor jurídico. Por ejemplo, resulta interesante analizar la perspectiva de la discriminación, pero sin perjuicio de los derechos que derivan de la propiedad privada o el hecho de que bailar o consumir alcohol no son necesidades básicas ni imprescindibles.
Una discoteca, un bar, no son lugares públicos. Son lugares privados con fines públicos y por consiguiente, al margen de lo que moralmente pueda entenderse correcto y a pesar del ímpetu populista del procurador general de la República, en los casos en cuestión no hay realmente una ilegalidad.
La atención que se ha dado a esto contrasta con la falta de interés en una situación que sí es verdaderamente alarmante, que sí constituye una clara violación a la igualdad, porque afecta un servicio fundamental y que a diferencia de lo descrito sí se trata de un lugar público: la discriminación en los palacios de justicia al prohibirse la entrada a ciertas personas por su vestimenta.
Lamentablemente, la mayoría de los dominicanos son pobres y una gran parte vive en una situación de pobreza tan extrema que a veces no tiene idea si podrá comer en los próximos días y menos aún la posibilidad de comprar ropa.
No obstante, todos los días se impide entrada a los tribunales del país a personas que llegan en tenis, sandalias u hombros descubiertos, independientemente de que probablemente sea la única ropa de esas personas y por su posición económica no tienen alternativas.
Es decir, a pesar de que el acceso a la justicia y la gratuidad judicial están garantizados por la Constitución, agentes de seguridad en los tribunales, fundamentados en órdenes superiores que vienen de la misma cabeza del Poder Judicial, cercenan estos derechos. Se produce entonces una discriminación por posición económica y con ello, por tanto, una indiscutible violación al Derecho Fundamental que constituye la igualdad.
Ojalá que en lugar de perder tiempo en un tema tan superficial como quién entra o no a una discoteca, se dedique atención a esta situación tan penosa que está impidiendo a diario que muchos dominicanos puedan acceder a la justicia. Sería de gran ayuda para el bienestar colectivo.
