El Núcleo Nacional de Alguaciles criticó los mecanismos de funcionamiento de la fuerza pública, por entender que no aprueban las solicitudes de embargo contra personas de influencia política.
El presidente de la asociación, Félix Jiménez Campusano, manifestó que muchas veces se solicita la colaboración de la fuerza pública para realizar allanamientos y la autorización se hace complicada, dejándoles entrever a los alguaciles que la Fiscalía da riendas sueltas a que actúen.
Criticó, asimismo, la labor del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, de quien dijo persigue a los alguaciles y, sin embargo, se hace de la “vista gorda” cuando algún fiscal comete acciones indecorosas.
Asimismo, explicó que de 412 expedientes tramitados en el año 2008, sólo se ejecutaron 61, y 69 fueron conciliados. Asimismo, la entidad dijo que desde el año 99 quedan en inercia 99 expedientes de embargos, de 175 solicitados.
De éstos, asegura, se ejecutaron 23 y se conciliaron 53, lo que deja ver que más del 50% de las solicitudes no son atendidas. Jiménez destacó que esa situación provoca que los alguaciles se auxilien de civiles y actúen en muchas ocasiones sin el debido consentimiento de policías y militares, quienes representan a la fuerza pública.
