Ante la injusta, inhumana y excluyente sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el presidente Danilo Medina ha mantenido cautela y sumo cuidado pues sabe muy bien que esa decisión conlleva la exclusión de una cantidad importante de dominicanos de origen haitiano. Y no importa que sean cien, 20 mil o 200 mil, de lo que se trata es de que hay un grupo importante de seres humanos que han vivido como dominicanos, que piensan y actúan como dominicanos, con cultura, tradición y forma de pensar de dominicanos y de repente, por una decisión absurda e injusta, se les quitará la nacionalidad.
Y ese drama humano tiene que ser enfrentado con firmerza e inteligencia por el Presidente, pues ha sido el gobierno y el propio Medina quienes han tenido que pagar el costo internacional de esa decisión del Tribunal Constitucional. Las más de 20 organizaciones y más de 30 personalidades del mundo que han condenado esa decisión calificándola de racista y discriminatoria, han centrado sus críticas al país y al gobierno y le han pedido al Presidente que evite la injusticia que se va a cometer contra una gran cantidad de dominicanos de origen haitiano que simplemente nacieron en este país cuando la Constitución establecía muy claramente la vigencia del jus solis, es decir, la adquisición de la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en esta tierra.
Ahora, luego de los datos aportados por la Junta Central Electoral quieren minimizar el impacto del drama humano y el abuso que conlleva la susodicha decisión. Y entiendo que por el contrario, el drama humano es mayor, la zozobra es mayor para una gran cantidad de familias que no tienen culpa de que sus hijos, nietos o biznietos hayan nacido en esta hermosa tierra de Duarte y los hayan formado, educado y protegido durante tanto tiempo. Sin importar la cifra, el abuso se hace más grande y la situación de incertidumbre y pánico de esas personas y esas familias alcanzan mayores dimensiones que deben ser enfrentadas con un gran espíritu de solidaridad y de amor cristianos.
Y pedir que se enfrente ese drama no significa de ninguna manera no estar de acuerdo con la regularización de la inmigración haitiana. Por el contrario, somos nosotros los partidarios de ver el problema en una dimensión mayor los que de verdad queremos que la inmigracion ilegal sea enfrentada con medidas que vayan al fondo del problema y no con decisiones judiciales que esconden la realidad del negocio que hay con la entrada de ilegales haitianos a través de la frontera y en los sectores de la construcción, la agricultura y el turismo, entre otros.
Todos estamos de acuerdo con el Plan de Regularización, pero con un sentido humano y de justicia. Todos estamos de acuerdo que se legalicen a los inmigrantes ilegales, pero también todos debemos estar de acuerdo con que se sancione a quienes hacen negocios con ellos, a quienes los dejan entrar por la frontera cobrando por ellos, a los empresarios que violan la ley contratándolos sin ayudar a regularizar sus status para no pagar seguridad social ni otros costos. En fin, que no sólo sea en contra de los inmigrantes ilegales, sino en contra de quienes hacen de esa inimigración un gran negocio.
