MADRID — El diplomático español Máximo Cajal revivió este miércoles la quema de la embajada de España en Guatemala en 1980, en la que murieron 37 personas, y aseguró que la policía tenía orden «acabar con todo el mundo».
«Fue una medida planificada y organizada», dijo Cajal, embajador de España en Guatemala en aquel entonces, en declaraciones a The Associated Press. «Aquello no fue un error, no se les fue la mano», agregó.
Cajal, de 77 años, testificó durante dos horas en la Audiencia Nacional de Madrid, respondiendo por videoconferencia a las preguntas formuladas desde Guatemala, en una investigación sobre los hechos que supervisa el juez Eduardo Cojulún y que tiene como único procesado por el momento a Pedro García Arredondo, ex miembro de la policía nacional guatemalteca.
El diplomático recordó los trágicos sucesos de 31 de enero de 1980, cuando fuerzas de seguridad de Guatemala incendiaron la delegación del país ibérico durante la concentración de un grupo de indígenas que trataban de denunciar internacionalmente la represión militar que sufrían en sus comunidades.
El incidente dejó 37 fallecidos, entre ellos Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú.
Cajal señaló durante el testimonio que la policía irrumpió por la puerta y el tejado de la embajada y que las autoridades del país desatendieron los reclamos del gobierno español para que se retirasen los agentes.
«El gobierno (de Guatemala) se negó a hablar conmigo, no retiraron la policía como pidió nuestro ministro de Exteriores y ni siquiera había bomberos para sofocar un incendio, como así ocurrió y la gente se murió quemada», relató Cajal a la AP visiblemente emocionado.
El diplomático aseguró que fue evacuado a un hospital con graves quemaduras y dijo que recibió protección de otros embajadores lo que, en su opinión, le salvó la vida.
Cajal admitió que había sido «desagradable y triste» recordar los hechos. Además, pidió que los presuntos responsables de la matanza confiesen la verdad.
«Para la salud del pueblo guatemalteco es importante que se diluciden las cosas», explicó. «Por lo menos que se sepa lo que ocurrió y que los culpables, los muertos y los vivos, estén señalados con el dedo», añadió.
Además de Cajal, el juez guatemalteco escuchó el testimonio de Beatriz de la Iglesia, esposa de Cajal, quien viajó a Guatemala un día después de los hechos.
Otra de las declaraciones pendientes es la de Pedro Bermejo, un alto funcionario de la cancillería española en 1980, quien también se desplazó al país centroamericano tras la matanza para repatriar al diplomático.
Las declaraciones del miércoles fueron supervisadas en Madrid por el juez español Santiago Pedraz, quien desde hace años investiga el presunto homicidio contra la población indígena perpetrado en los años 80, del que se responsabiliza entre otros al general golpista Efraín Ríos Montt.
