Gracias a ellas han podido encaminarse con éxito una serie de iniciativas en Colombia, Panamá, Perú y Chile
En naciones de América, como Perú, Colombia, Panamá y Chile el modelo de alianzas público-privadas (APP) ha hecho viable el desarrollo de proyectos y sectores, a tal nivel que de no producirse esa sinergia, posiblemente habría sido muy difícil llevar estos al terreno de lo concreto.
En Colombia, por ejemplo, ha funcionado en la construcción de carreteras, en Panamá en la del Metro y en Perú en proyectos de impacto social.
De acuerdo con una publicación del portal Cifi (febrero de 2020), “Panamá era uno de los pocos países de América Latina que no contaban con una ley de Asociaciones Público-Privadas, mejor conocidas como APP, sin embargo, fue ésta una de las primeras normativas que sancionó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en septiembre de 2019, por la visión que tuvo sobre estas.
Con la ley, indica Cifi, se ofrece una opción para promover el desarrollo de proyectos de gran escala sin comprometer a corto plazo la capacidad de endeudamiento del Estado. “En Perú, la inversión pública ha tenido un enorme impacto social con la apertura de las APPs. Los proyectos de impacto social aumentaron 10 veces, en un período de 15 años, según le dijo Jorge Raffo Carbajal, embajador de Perú en Panamá al portal Cifi. “Este país está realizando esfuerzos para la implementación de nuevas modalidades de financiamiento y la promoción de las APPs en el sector de las exportaciones” agregó.
República Dominicana cuenta con la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas desde el jueves 20 de febrero de 2020, cuando el entonces presidente, Danilo Medina, la promulgó. La ley tiene por objeto establecer un marco normativo que regule su inicio, selección, adjudicación, contratación, ejecución, seguimiento y extinción.
Sin embargo, a nivel local el tema alianzas público- privadas ha desatado un gran debate, especialmente luego de puesto a circular rumores, que ya fueron desmentidos, sobre alegados planes de privatizar instituciones importantes, como el Metro, la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incart). Unos han satanizado las alianzas, incluso antes que se hayan dado, y otros han resaltado lo sustancioso que sería para República Dominicana el hecho de que sector público y privado desarrollen mano a mano asuntos específicos, como el de construcciones de autovías y el desarrollo de proyectos turísticos.
Según el Banco Mundial, en términos generales, APP se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha estudiado el tema con detenimiento y, en el caso dominicano, estuvo empujando y aportando para que se aprobara la ley sobre APP.
Normalmente, las multinacionales siguen parámetros y criterios, como referencia a la hora de escoger APPs en determinadas naciones. Y entre esos criterios están, por ejemplo, la capacidad probada para ejecutar obras in situ, la comprensión que tiene el país en relación con la legislación de las APPs, la disponibilidad de financiamiento local e internacional y la capacidad de inversión del gobierno en relación a su gasto.
En el caso de Panamá todas esas condiciones se cumplen cabalmente.
Algunos proyectos que pueden considerarse exitosos en Panamá, según expertos que participaron en un foro en esa nación son: el Programa Prisma en San Miguelito que contempla la segunda línea de movilidad de dicho corregimiento y conectará con la línea 1 y 2 del Metro de Panamá; el corredor del Caribe, que comprende desde la Ciudad de Colón hasta Panamá, el proyecto de Corredor Norte hasta la Ciudad de David y un hospital en el sector Oeste, entre otros.
El BID publicó en mayo de 2019 un estudio titulado “Casos de estudio en Asociaciones Público-Privadas en América Latina y el Caribe, la Cuarta Generación de Carreteras en Colombia”, en el que cita los resultados de trabajar juntos el sector privado y el público.
La investigación fue realizada por el equipo APP del BID, liderado por Gastón Astesiano. La coordinación de los casos fue realizada por Carolina Lembo, Ancor Suárez Alemán, y José Yitani Ríos, especialistas del BID, en colaboración con Julio Franco Corzo de IEXE Editorial para la adaptación, edición, diseño, y diagramación de contenidos.
El estudio explica que la concepción del programa carretero de acuerdo APP 4G fue resultado del aprendizaje de tres generaciones previas de más de 20 años de experiencia, toda vez que la modernización de las carreteras de Colombia, utilizando esquemas de APP) tuvo sus comienzos a mitades de la década de los 90.
“Las características innovadoras, relevancia y dimensiones de este proyecto de construcción, rehabilitación, ampliación, explotación, operación y mantenimiento de más de 8,000 kilómetros de carreteras, suponen igualmente un motivo de elección. El proyecto incluye 1,370 kilómetros de carreteras de cuatro carriles, además de 159 túneles con una longitud de 141 kilómetros. Se divide en 7 subproyectos regionales que suman un total de 27 carreteras, para un total de 40 proyectos de APP”, agregan.
Van tres generaciones en Colombia, RD en espera
El BID, en procura de poner en contexto lo del proyecto de carreteras de Colombia, indica que en ese país se han desarrollado tres generaciones de programas de concesiones carreteras, previas al proyecto 4G. Esas tres generaciones –explica el organismo- se desarrollaron entre 1994 y 2014, período en el cual se concesionaron 5,314 kilómetros de carreteras, con un costo de US$9,481 millones. Con ellas se puso en marcha la utilización de proyectos APP en ese sector. En el caso dominicano, el Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales será el primer modelo de APP que contará con una modalidad de fondo de inversión participativo, en el que todo el dominicano que quiera tendrá la oportunidad de hacerlo. Así ha anunciado Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia.
