El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Gobierno dominicano por el caso del desaparecido periodista, abogado y profesor Narciso González Medina (Narcisazo), genera sentimientos encontrados. Por un lado, sin dudas la sentencia constituye una vergüenza para el país y la reacción inicial de cualquier dominicano con cierto nacionalismo es rechazar todo aquello que desde fuera ponga en tela de juicio la patria y pueda en principio lucir como un atentado contra nuestra soberanía.
Sin embargo, cuando se analiza en frío el caso en concreto, la sensatez y la racionalidad llevan a comprender que, ante la ausencia nacional de una adecuada impartición de justicia y la imposibilidad de subsanar esta situación, el fallo de una institución externa y por ende no contaminada ni permeada por las presiones políticas locales era necesario.
La CIDH ordenó a la República Dominicana realizar “las investigaciones y procesos necesarios” para “establecer la verdad de los hechos”, así como identificar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Narciso González Medina y realizar una serie de actos y medidas de reconocimiento internacional que realcen su labor periodística, literaria y creativa. De igual manera, el fallo estableció ciertas indemnizaciones, determinando que el Estado dominicano debe pagar por daño inmaterial un total de 290,000 dólares a los familiares de González; además, 70,000 dólares por ingresos dejados de percibir por el periodista y 33,200 dólares por los costos del proceso.
Las incómodas reacciones de algunos funcionarios del tren gubernamental parecen indicar que esto no ha caído muy bien en los predios del Palacio Nacional, pero ojalá ello no impida el cumplimiento eficaz y efectivo de una sentencia determinante para hacer justicia en un caso que desde hace mucho tiempo lo amerita, y que la misma, lejos de sólo provocar humillación, sirva de motivación a las autoridades locales para el inicio y desarrollo serio de investigaciones profundas para todos los casos pendientes de desapariciones forzadas, como los de Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera por ejemplo, sospechosos de haber participado en dos secuestros, presuntamente detenidos por la Policía Nacional y desaparecidos ambos desde el año 2009.
Por supuesto, lo ideal hubiese sido, tal como dijo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que los asuntos judiciales del país se resuelvan en los tribunales locales. Sin embargo, la verdad es que en 18 años no hubo voluntad para resolver el caso de Narciso González, y por ende la injerencia extranjera en algo de este tipo es preferible ante la única alternativa, que era la absoluta impunidad.
