La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) realizó una jornada de evaluación del Proyecto de ley de extinción de dominio, a través de la cual se busca eliminar el derecho de propiedad sobre bienes adquiridos por actividades ilícitas.Durante su intervención, el consultor Manuel Ulises Bonnelly resaltó que con este instrumento jurídico, que discute el Congreso, se cuestionará el derecho de propiedad de bienes ilícitos.
Agregó que gracias a la ley se podrán colocar en manos del Estado, en un lapso de seis meses, los bienes provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, gracias a que en ella se establecerán procedimientos con lapsos cortos. “La ley le dará a los narcotraficantes donde más les duele: en el bolsillo”, afirmó.
También, el jurista Ricardo Rojas León, agregó que el proyecto forma parte de una estrategia internacional que se está promoviendo para recuperar activos provenientes de actividades ilícitas.
Detalló que contemplará aspectos como la imprescriptibilidad, se actuará contra la cosa y respetará todas las garantías constitucionales del debido proceso.
Finalmente, el procurador de la Unidad de Antilavado, Germán Miranda Villalona, resaltó que con la aprobación de esta ley los narcotraficantes no podrán reclamar bienes obtenidos de manera ilícita, situación que se venía presentando desde hace varios años.
“A la nación le conviene porque se pierde una gran cantidad de dinero por este concepto; tenemos que hacer un estudio de la cantidad del flujo de dinero ilícito que está afectando el producto interno bruto de la República Dominicana”, expresó.
Este proyecto de ley contempla mecanismos jurídicos para que se pueda procesar el decomiso de todos los bienes de narcotraficantes o personas dedicadas al crimen organizado.
