La gestión de José Augusto Izquierdo en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) ha atraído la atención pública.
Primero cuando se destapó la demanda a las empresas del parque Itabo en Haina y sucesivamente por el contrato entre el abogado y esa institución en la litis por la reclamación millonaria, justo al término de su gestión.
No vamos a referirnos al contrato entre el abogado y Fonper, de lo que se ha hablado tanto.
Ahora lo que nos provoca es la sinceridad de Izquierdo, que ante el dato de que concentró la inversión de su fondo en Santiago, confiesa que lo hizo por la conveniencia de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual dice que no estaba muy bien en esa plaza y se hacía necesario disponer de esos fondos para lograr la victoria.
“Siento que la inversión que hicimos sirvió, de alguna manera, para que eleváramos nuestros niveles de votación y no quedáramos en una posición tan deteriorada, como íbamos a quedar”.
Lo primero que habría que señalar es que esa franqueza es ofensiva, y en buen castellano tiene otro nombre. El PLD no es dueño de la República Dominicana, y en consecuencia, nadie debe disponer de bienes públicos con la expresa intención de beneficiar a una organización política.
Y mucho menos con un patrimonio, que en todo caso tendría unos y primeros beneficiarios, que son todas las localidades donde se encuentran las empresas contribuyentes.
Las palabras de Izquierdo vendrían a dar la razón a sectores de la oposición que denunciaron el uso abusivo de bienes públicos a favor del partido oficial. En el caso del Fonper resulta mucho más alarmante.
Algunas de esas empresas se conforman con las contribuciones al fondo y poco hacen por las comunidades donde operan y resulta penoso que lo aportado se maneje con tan nefandos criterios. l
